POSADAS. En la Cámara de Representantes misionera fue aprobado el tratamiento preferencial solicitado por la diputada Myriam Duarte (Pays-Nuevo Encuentro) para su proyecto de comunicación sobre el caudal de información que se solicita a los usuarios para tramitar la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) Misionero.La legisladora pidió que el Poder Ejecutivo Provincial, por medio de la Subsecretaría de Transporte, informe -con respecto a la implementación de la Sube- qué instrumentos legales avalan la recopilación de datos que realiza la empresa en el formulario que deben completar los usuarios para solicitar la tarjeta y si en esos instrumentos consta la finalidad atribuida a semejante relevamiento de información, teniendo en cuenta las claras restricciones planteadas en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales. Además, Duarte quiere saber qué instrumentos de procesamiento y preservación de datos personales se implementan para garantizar el correcto resguardo de la información relevada.También si la empresa Servicios Urbanos SA se encuentra debidamente inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según lo ordena la Ley 25.326; qué mecanismos se diseñaron en paralelo para garantizar el acceso a la información de los titulares, una vez ingresados a esta base de datos; qué mecanismos se emplearon para la adjudicación de responsabilidades de adquisición de software, hardware y confección de tarjetas a la empresa Servicios Urbanos SA; y, en caso de tratarse de llamado a licitación o de adjudicación directa, remitir la documentación pertinente.La diputada Duarte señaló que “un pilar básico y fundamental de un sistema efectivo de protección de datos personales es la garantía de la seguridad de la información, entendiendo a ésta como la implementación de medidas administrativas, físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Ello contribuye a minimizar los riesgos de acciones en contra de la información personal como robo, alteración o modificación o pérdida de transmisiones indebidas o ilícitas, accesos no autorizados y robo de identidad, entre otras. Así también como la indebida utilización de datos sensibles favoreciendo distintas formas de discriminación, que pueden lesionar los derechos o libertades fundamentales. Por ejemplo, que se utilice de forma incorrecta cierta información de salud, lo que podría ocasionar una discriminación laboral, entre otros supuestos”.“Es necesario que se garanticen los derechos del titular de datos personales, quien por ejemplo debería tener -como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires- la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326”, dijo Duarte.
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