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Ante el probable default, arranca una semana económica clave

28 julio, 2014

BUENOS AIRES (NA). Sin nuevas reuniones en agenda con el mediador judicial Daniel Pollack, en el marco del duro conflicto con los fondos buitres que reclaman el pago de bonos en cesación de pagos, el Gobierno argentino afronta las últimas horas antes de que el país incursione en un nuevo default.El diálogo de los funcionarios argentinos con Pollack continuó durante el fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo con los acreedores rebeldes, aunque la administración de Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro que no cederá.En la Casa Rosada afirman que no pueden ofrecer a los “holdouts” mejores condiciones de pago que aquellas que dio a los bonistas que aceptaron canjear su deuda, bajo el riesgo de violar una cláusula Rufo que abriría la posibilidad de reclamos por una suma de hasta 400 mil millones de dólares.Los fondos especulativos liderados por NML Capital, propiedad del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management quieren cobrar unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) de bonos en cesación de pagos desde 2002.Los títulos que llevaron a una extensa batalla judicial bautizada como el “juicio del siglo” no fueron incorporados por sus tenedores a las reestructuraciones ofrecidas por la Argentina en 2005 y 2010.Los denominados “holdouts” cuentan con un fallo judicial emitido por el juez federal del segundo circuito de Nueva York, Thomas Griesa, por el que la Argentina está obligada a pagarles en la misma proporción que a los acreedores que sí aceptaron reestructurar el pasivo.Argentina depositó el 26 de junio unos 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon para pagar los bonos Discount que vencían el 30 de julio (con un período de gracia de un mes) a acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda incumplida, desafiando la orden de Griesa.Pero una orden del juez bloqueó a fines de junio el pago de un vencimiento de deuda reestructurada hasta que el país compense a los “holdouts”, lo que dejó a Argentina al borde de un nuevo default mientras no alcance un acuerdo con esos acreedores antes del 30 de julio.Si el Gobierno no logra acordar con los “fondos buitres” antes del miércoles 30 y destrabar el giro de los recursos a los acreedores reestructurados, la Argentina caería en un default técnico.Discrepan sobre los efectosEconomistas discreparon sobre la posibilidad de que la Argentina caiga en default, aunque coincidieron en que si ocurriese, no sería tan “grave” como durante la crisis de 2001.Eso sí: coincidieron en que si el país entrara en cesación de pagos, habría “riesgo de entrar en un nuevo año recesivo”.En este escenario, los inversores especulan que el mercado aún no tuvo bajas preocupantes debido a que si el próximo miércoles la Argentina entrara en default, aún habría un plazo de dos meses hasta que entraran en vigencia determinadas cláusulas. El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, sostuvo que “en el caso de un default, no habría grandes cambios en la vida cotidiana de los argentinos” porque el país “no depende del financiamiento externo como otros”.“La Argentina no le tiene miedo al 30 de julio, no es el fin del mundo. Si a la Argentina le plantean algo incumplible, seguirá para adelante”, enfatizó.El economista Aldo Ferrer consideró que el Gobierno “no debe ceder” frente al reclamo judicial de los fondos buitres, porque en caso de hacerlo, el país entraría en un “caos”.“Hay que abandonar esta idea de que si no hay arreglo se viene el mundo abajo. Y también la fantasía de que si Argentina cede, nos van a llenar de dólares y de inversiones”, analizó.Explicó que “el default es cuando un país deja de pagar y en la Argentina no ha sucedido esto”, mientras que argumentó que “se han depositado los fondos para el vencimiento, pero los fondos no llegaron a los bonistas porque está la interferencia de un tercero, que es el juez Thomas Griesa”.“No es técnicamente un default. Es un hecho original, un problema financiero nuevo”, consideró.El consultor en economía y finanzas Gabriel Rubinstein consideró que el estancamiento que exhiben las negociaciones entre la Argentina y los fondos buitres apuntan a que el país va a un escenario “default brumoso”.“Todo parece indicar que vamos a un escenario que podríamos llamar de default brumoso. Default brumoso por variadas razones: si aceleran bonistas, si remedia Argentina, si prevalecen expectativas que desde 2015 se arregla”, sostuvo.Pronosticó que “en 2015, en lugar de crecer 3 ó 4%, nos arriesgamos a un nuevo año recesivo. Todo por casi un ‘capricho’ del Gobierno”.El exministro de Economía Jorge Remes Lenicov sostuvo que Argentina no debería entrar en cesación de pagos porque la situación actual “no es como en 2001”.“Yo no veo una catástrofe, como tampoco veo que si se arregla, la economía se recupere. Bajarán un poco las reservas y habrá presiones cambiarias, pero no veo que sea como en 2001, cuando oficialmente declararon el default”, subrayó.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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