El Gobierno, ante la OEA contra los fondos buitres

BUENOS AIRES (NA). El Gobierno argentino expondrá hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre su dura batalla con los fondos buitres, en una sesión extraordinaria en la que la entidad analizará la repercusión que tendrá el caso en el sistema financiero global. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller, Héctor Timerman, se presentarán ante el Consejo de la OEA para dar detalles del estado actual del conflicto con un grupo de fondos especulativos y analizarán las “consecuencias sistémicas” de esa batalla legal.La administración de Cristina Kirchner atraviesa críticas horas debido a que por un fallo judicial estadounidense podría caer en una cesación de pagos transitoria a partir del jueves 31 de julio próximo.Ante ese complejo escenario, la reunión servirá también para discutir una solicitud presentada por la misión argentina ante la OEA de convocar a una Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores del grupo.Un fallo de un tribunal de Nueva York condenó a Argentina a interrumpir todos los pagos a los acreedores que participan de la reestructuración de su deuda soberana hasta que pague el valor integral de bonos en default desde 2001 en poder de un pequeño grupo de fondos especulativos.Argentina debería pagar el lunes unos 900 millones de dólares de su deuda reestructurada y llegó a depositar ese valor en diversos bancos, pero el juez Thomas Griesa consideró que esos pagos son ilegales y ordenó la devolución del dinero.El gobierno kirchnerista considera que el fallo, al forzar el pago integral de casi 1.500 millones de dólares a bonos que no participan de la reestructuración y bloquear los pagos a la deuda reestructurada, deja el país al borde de un nuevo default.Luego de su default de 2001, el país realizó dos operaciones de reestructuración, en 2005 y 2010, en los que logró la adhesión del 92,4% de los acreedores.El 1% de los acreedores, liderado por fondos especulativos que compraron bonos en default en 2008, pasaron a exigir el cobro integral en los tribunales.