La represa Garabí-Panambí puede ser inviable por “mayores costos”

POSADAS. En el marco de la firma del decreto que reconoce los derechos de los afectados por represas en el estado brasileño de Rio Grande Do Sul, ocurrida el lunes, el director general de Eletrobras, Valter Cardeal de Souza, lanzó una advertencia referida al nivel de indemnización que el Gobierno dará a quienes reciban el impacto del proyecto de complejo hidroeléctrico Garabí-Panambí en las costas del río Uruguay, en la zona fronteriza con Misiones y Corrientes en Argentina.“Si las compensaciones son demasiadas el proyecto se puede volver inviable”, expresó al referirse a la discusión sobre quién se hará cargo del resarcimiento económico y social: el Estado o los empresarios ganadores de la licitación de la obra.El “Journal do Comercio” de Porto Alegre preguntó a De Souza: “El decreto establece que los costos de las medidas deben ser depositadas por los empresarios. ¿Cuál es el efecto de eso?”. El titular de Eletrobras contestó: “¿Puedo ser bien práctico y objetivo? La energía hidroeléctrica es la más limpia en el planeta, y es sinónimo de soberanía. En Rio Grande do Sul tenemos tierra fértil y la gente buena y trabajadora, por lo que tenemos que saber cómo compensar todo esto. Los costos sociales y ambientales son parte de este emprendimiento. El decreto también establece cuestiones culturales, que incluyen a agricultores e indígenas. Debemos tener conocimiento de estas compensaciones, pero si son excesivas, el proyecto se inviabilizaría. En Garabí la compensación está estimada en un 15% de la inversión total. Los estudios van a indicar si es factible o no”.La duda sobre ese porcentaje es si alcanzará para cumplir con pobladores de todos los municipios afectados de hacerse Garabí.Se consultó al director general de Eletrobras si el cronograma de ejecución del proyecto está demorado, a lo cual de Souza respondió: “Después de definir el EIA-Rima, todavía tenemos que celebrar audiencias públicas. No vemos ningún retraso porque el proyecto viene del tratado entre Brasil y Argentina en la década de 1980. Buscamos ahora dar celeridad a los estudios e interactuar de forma más directa con las poblaciones afectadas, para tratar de alcanzar un entendimiento y convergencia en el campo de las obligaciones, buscando atender a las comunidades y que ellas se sientan compensadas”.