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Expectativa por las negociaciones de pago a los “fondos buitres”

23 junio, 2014

BUENOS AIRES (DyN). A la espera de los próximos pasos que dará el Gobierno en el proceso de negociación en el juicio con un grupo de holdouts, tras el fallo adverso para el país de la Corte Suprema de Estados Unidos, economistas plantearon la necesidad de solucionar definitivamente esta cuestión.   Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal Argentina, monseñor Jorge Lozano, aseguró que el capital económico no debe orientarse a la especulación financiera sino a generar “puestos de trabajo dignos y a la producción”, al criticar el fallo del máximo tribunal norteamericano que ordena a la Argentina pagarle 1.500 millones a un grupo de holdouts que litigaron contra Argentina por la deuda defaulteada en 2001.   La marcha y contramarcha del Gobierno en este tema, tras conocerse el lunes la decisión judicial, dio un nuevo giro el viernes cuando la presidenta Cristina Fernández afirmó en cadena nacional que quería cumplir con el 100% de los acreedores, con los que aceptaron los canjes “y queremos cumplir con los que no ingresaron”.   La expectativa esta semana está centrada en la propuesta de arreglo que presentará Argentina ante el juez Thomas Griesa y los bonistas, dado que el país negocia contrarreloj porque el próximo 30 de junio debe abonar un vencimiento de intereses de deuda reestructurada por 900 millones de dólares.    Monseñor Jorge Lozano señaló que “como cuestión de principios debemos recordar que el capital económico debe estar orientado a generar puestos de trabajo dignos y a la producción, y no a la especulación financiera”.   “Deben pagar lo decretado”Por su parte, Robert Shapiro afirmó que “la Argentina debe pagar el monto decretado” por el juez Griesa y advirtió que si el país incumple esa decisión judicial “no podrá volver al mercado de capitales”, al tiempo que rechazó cálculos del Gobierno argentino al asegurar que el pago fijado en el fallo del magistrado es por 1.400 millones de dólares y considerar que los 15.000 millones a los que aludió la Presidenta son “un número inventado”, y “parece una excusa para no pagarles a sus acreedores”.   “Hasta que el Gobierno no arregle este asunto y pague a sus acreedores privados, a través del proceso legal, no podrá normalizar su relación con la comunidad internacional en forma completa”, aseveró Shapiro, quien insistió en que “las puertas del mercado se reabrirán una vez que cumpla con las órdenes de la Justicia”.   “La llave la tiene el juez”Para el economista Aldo Pignanelli, “la llave de todo esto la tiene ahora el juez Griesa, es el que debe aceptar o recomendar una salida”, y opinó que “esto está prácticamente solucionado”.   Al respecto, planteó: “Acá no hay ninguna voluntad del Gobierno de pagar más que al 92%, es una obligación que impone la Justicia americana, así que esta puerta, la llave para abrirla, la tiene el juez Griesa”.“Dependemos de él, que ya ha dicho en su momento que está dispuesto a buscar una salida e impedir que Argentina entre en un nuevo default”, acotó.  “Cristina entendió”El expresidente del Banco Central Alfonso Prat Gay opinó que el giro en el discurso de la presidenta Cristina Fernández es porque “terminó de comprender” que “no era negocio para nadie entrar en default”.  El economista alegó que esa opción no era conveniente “sobre todo para el propio Gobierno que ha hecho del pago de la deuda una cuestión absolutamente sagrada” y “por supuesto que no era negocio para Argentina quedar totalmente aislados del mundo”.Prat Gay señaló en diálogo con radio América que si se resuelve definitivamente la cuestión con los holdouts Argentina podría en el segundo semestre salir a los mercados internacionales para “refinanciar” los vencimientos de deuda que hay de acá hasta 2015 por 18 mil millones y así descomprimir el uso de reservas para ese fin.“Abre un panorama donde podría salir a refinanciar los vencimientos de deuda que hay hasta el final de mandato por 18.000 millones de dólares. Se podrían refinanciar colocando deuda en el exterior a tasas bastante más atractivas que las actuales, bien por debajo del 10% si se resolviera ese problema”, aseguró.Por su parte, el exdiputado y economista Mario Cafiero alertó que si Argentina acuerda con los fondos buitres “se nos vienen los otros fondos rapaces”. “Si le pagas voluntariamente a los bonistas buitres te salta la cláusula que firmaste con los bonistas que dice que todos tienen que cobrar por igual y estas en el horno”, previno.   La solicitada del Gobierno El Gobierno publicó el sábado una solicitada en el Wall Street Journal con el título “La Argentina quiere seguir pagando sus deudas pero no la dejan”, en un texto en el que se expresa el deseo del Estado de negociar con los holdouts.El escrito, firmado por “Presidencia de la Nación – República Argentina”, comienza con la frase “la Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo ha estado haciendo desde 2005, pero ahora no puede por orden del juez Thomas Griesa y por el rechazo de la Corte Suprema de tomar el caso”.No obstante, en el último párrafo de la solicitada -que fue publicada a página entera- el país expresa su deseo de negociar.De todas maneras, el texto publicado en el principal diario económico de EEUU, el Gobierno no renunció al uso del término “fondos buitre” y habló de su “voracidad”.   Como al Club de París En el mercado ya se especula con que la Argentina podría pagarle unos 300 millones de dólares en efectivo a los fondos NML y Aurelius, y negociar la forma de cancelar los más de 1.000 millones restantes, con una fórmula capaz de estirar los plazos y evitar apremios financieros. Así, el país podría ofrecer un “anticipo” de 300 millones de dólares y acordar emisiones de títulos a varios años.Los fondos buitres ya hicieron trascender que están dispuestos a escuchar ofertas pero manifestaron su pretensión negociar “cara a cara” con referentes con poder de decisión.Ante el revés judicial en Estados Unidos, la Argentina dejaría de lado cualquier posibilidad de pedir una quita y operaría con
una estrategia similar a la utilizada ante el Club de París: pagar todo lo reclamado pero a largo plazo.Si bien existen dudas sobre si la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) podría activarse igual aún en caso de una orden judicial como la que imparte Griesa, la Casa Rosada no quiere correr el riesgo de que los bonistas que entraron al canje puedan reclamar a la Argentina más dinero si mejora su oferta al resto de los acreedores no reestructurados.El Gobierno tiene en cuenta, además, que de esta negociación dependen otras variables, como las emisiones de deuda por parte de las provincias, frenadas a la espera de una definición.   Argentinos que litigan con “buitres”BUENOS AIRES (NA). Los fondos NML y Aurelius son los más conocidos entre los beneficiarios de los fallos sobre la deuda dictados por el juez neoyoquino Thomas Griesa, pero en el grupo también figuran trece litigantes argentinos, conocidos en el mercado como “Grupo Varela”.Este grupo integra la misma causa que los holdouts ante el juez Griesa, ya que también eligieron la vía judicial ante la quita propuesta por la Argentina en los canjes de deuda.El reclamo de estos trece litigantes es insignificante ante lo que exigen los fondos buitres: alrededor de un millón de dólares, pero otros bonistas que no participaron de la demanda pero podrían utilizarla como precedente para exigir cobrar.También existen otros fondos litigantes, además de los dos más conocidos: son ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund.En el ámbito judicial se conoce a los litigantes individuales como “Grupo Varela” casi por una arbitrariedad: Pablo Alberto Varela era el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron en la causa. Sus integrantes tenían entre 25.000 y 90.000 dólares, y los títulos fueron adquiridos entre 1998 y el 2001.Además de Varela, los litigantes individuales son Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés y Marta Azucena.La mayoría tiene más de 80 años y algunos han muerto, por lo que en caso de cobrar lo harían sus herederos. 

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