La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso que enfrenta al Gobierno argentino y los llamados fondos buitres; que ratificó la sentencia judicial que ordenó al país pagar al contado un remanente de bonos de la deuda en default por 1.500 millones de dólares, no fue la que esperaba la mayoría de los analistas.La drástica decisión hizo que la semana se iniciara con un lunes negro para la Argentina, y colocara al Gobierno en un corredor de difícil salida, dado que el pago de la suma indicada es prácticamente imposible de afrontar sin que -simultáneamente- se caiga toda la estantería de la reestructuración de la deuda pública negociada en 2005 y 2010, llamada “la más exitosa de la historia de la humanidad”, según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.Precisamente, la decisión judicial pone en cuestión el “éxito” del esquema de desendeudamiento que adoptó el Gobierno kirchnerista para salir del colapso de 2001; cosa que no hubiese ocurrido si, como muchos esperaban, la Corte incluía el caso en su agenda o consultaba la opinión del Gobierno estadounidense; alternativas que le hubieran dado un plus de tiempo a la Argentina para acomodarse a la situación.La decisión a favor de los fondos especulativos llega, por otra parte, en un momento en que -paradójicamente- Argentina acaba de cerrar un acuerdo con el Club de París, refinanciando una deuda de más de 9.000 millones; y ha recompuesto su relación con el FMI. Pasos que, entre otros, significaban -hasta lunes pasado- que los mercados de crédito internacionales se abrirían de nuevo, tras una década.El fallo adverso enrarece el escenario para la Argentina, que tendrá crecientes dificultades en financiarse en el exterior, en tanto no llegue a un acuerdo viable con los fondos especulativos ante la Justicia norteamericana, concretamente, con la mediación del juez Thomas Griesa de Nueva York, el magistrado que, con su fallo de primera instancia, inclinó la cancha hacia el lado de los acreedores. Las declaraciones que hicieron la presidenta Cristina Kirchner por cadena nacional el mismo día del fallo; y al otro día el ministro Axel Kicillof (quien dio los números que explican la virtual catástrofe económico-financiera que se dispararía si se aceptase literalmente el fallo), dejaron planteada una paradoja: Argentina se somete al fallo de la Justicia pero no puede aceptar pagar tal cual el fallo estipula. Las explicaciones de los especialistas exploraron, desde el lunes, todas la variantes que plantea la situación; cuya complejidad no se puede minimizar; y que convoca a todos los sectores a encolumnarse detrás de la estrategia que, en estos días, prepara el Gobierno con vistas a los vencimientos de plazos que se vienen. El fantasma cíclicoEn medio de la incertidumbre que generó el rechazo a la apelación argentina, un analista de un medio nacional sintetizó el dilema en que ingresaría el país si decidiera pagar: “Para ejemplificar cuánto significan esos números para el país, representémoslo como cantidad de tiempo del superávit comercial local. En 2013, Argentina tuvo US$ 9.000 millones de superávit. Pagarle al fondo NML que acaba de ganar el juicio en Estados Unidos representa poco menos que dos meses de aquel superávit. Pagarle a todos los fondos buitres o holdouts, equivaldría a casi dos años de saldo comercial. Hacerlo con todos los bonistas que aceptaron el canje con reducción de la deuda, perjudicados si le pagáramos voluntariamente el 100% a los buitres, representaría más de once años de superávit comercial. Si hoy el campo reclama por las retenciones a las exportaciones, prácticamente habría que expropiar todas las cosechas durante once años para pagar los desaguisados de la Justicia estadounidense, que resolvió desconocer un adecuado y exitoso canje de deuda al cual se adhirieron más del 92% de los acreedores”. Según trascendió, ya estaría definido el equipo que viajaría a Nueva York, probablemente con el ministro Kicillof a la cabeza y se estarían dando los últimos toques a una propuesta que se entregaría en el juzgado del segundo distrito sur de Nueva York con la intención de pedir la apertura de una ronda de negociaciones, para “definir la forma de pago de la sentencia”.El nuevo round con el polémico juez Griesa podría encaminar, si hay voluntad de ambos lados, las negociaciones hacia un cierre del esquema de endeudamiento no tan virtuoso como esperaba que fuera el Gobierno, pero evitaría un desborde financiero que concluiría resucitando a un fantasma conocido: el de las violentas crisis cíclicas que bien conocemos los argentinos. Esta hipótesis de máxima no parece que vaya a ocurrir, según los especialistas, pero para que ello no ocurra no estaría de más que el Gobierno kirchnerista moderara algunos tonos excesivos del discurso, que se pueden entender desde la política o la ideología; pero no aportan en un momento en que se está en una posición, obviamente, desfavorable. Misiones también debe negociarEn pocos días, vence el trimestre de gracia que el Gobierno nacional le dio a un selecto grupo de gobernadores K, entre los que se cuenta a Maurice Closs como uno de los fieles exponentes del modelo. La Provincia no tuvo que pagar cerca de 120 millones de pesos en seis meses, pero la situación del país era otra. La duda del equipo económico provincial, es si encontrarán en la Nación la misma disposición negociadora que tuvieron en los últimos dos acuerdos, cuando el país está acorralado por los vencimientos de pagos de deuda.Si no hay acuerdo, Closs deberá desembolsar 40 millones mensuales a la Nación por servicios de la deuda. Esta resolución, tendrá su correlato en el proyecto de presupuesto -el último de la gestión Closs- que en pocas semanas deberá ingresar a la Cámara de Diputados de la provincia. Un olvido más y van…En lo político, mientras la interna renovadora bajó el tono de la disputa entre los popes renovadores; ahora fue la oposición la que cargó duro contra Closs, en un olvido imperdonable.Desde el radicalismo, motorizaron el segundo pedido al gobernador para que designe un candidato para no menos de diez puestos judiciales que hoy están sin cubrir, muchos de ellos jueces que podrían dar mayor celeridad al servicio de justicia que reclama la gente. El primer pedido, surgió hace dos años, cuando Closs cajoneó ternas por varios años de magistrados y camaristas y el diputado Claudio Wipplinger consiguió el voto unánime de sus pares para que el Ejecutivo cumpla con un mandato constitucional.De principiante fue la respuesta que el mandatario pr
ovincial buscó sobre el tema: justificó que en muchos casos se demora por no conocer a los candidatos. El mensaje que se pudo leer, fue que al no haber “conocidos” del oficialismo era mejor no avanzar. Cuando los que llegaron a una terna del Consejo de la Magistratura, lo hicieron en orden al mérito o puntaje obtenido. Es decir, Closs pudo premiar al que mejor puntaje tuvo en los exámenes del Consejo de la Magistratura, solamente preguntando al representante del Ejecutivo (el polémico subsecretario Legal y Técnico Marcelo Syniuk) el orden de mérito. Sin embargo, optó por cajonear los expedientes. Sobre las espaldas del Gobierno, aún pesan mucho, las casi 50 leyes que el Ejecutivo no reglamentó haciendo que en la práctica, los ciudadanos no puedan hacer uso de normas sancionadas hace mucho tiempo por la Legislatura.Ambas situaciones explicadas anteriormente, son señales de desinterés institucional, típicas de quien transita el ocaso de su mandato y poco le importan las consecuencias de su inacción.Y si de justicia se trata, la Renovación -ocupada en sus peleas de poder- sigue dilatando la definición por el cargo vacante de Ministro en el Superior Tribunal de Justicia, tras la jubilación de Humberto Schiavoni (padre). Trascendió que los nombres en danza generan muchas diferencias entre clossistas y roviristas que no están dispuestos a ceder el mínimo espacio de poder, en la instancia mayor de la Justicia provincial.
Discussion about this post