POSADAS. Lejos de parecerse a la actitud asumida por las autoridades de Misiones; en Brasil, intendentes y gobernador del estado de Rio Grande do Sul buscan que las comunidades que se verían afectadas por el complejo hidroeléctrico Garabí-Panambí, tengan toda la información que requieran.A mediados de la semana, se realizó una asamblea en Vila Pratos (Novo Machado), para discutir el tema represas, evento que contó con la presencia de miembros de la comisión ejecutiva del Grupo de Trabalho Municipal (GTM), integrantes del Movimento dos Atingidos por Barragens (MA), sumados a la Mesa Provincial No a las Represas de Misiones, que junto a vecinos buscan obtener información del proyecto hidroeléctrico. El prefeito Guerino Pedro Pisoni de Porto Mauá, como presidente del GTM, recibió a la delegación misionera para intercambiar opiniones y hablar sobre la organización popular frente a Garabí-Panambí.Pisoni anunció que mañana, a las 11 horas en Porto Alegre, el gobernador firmará un decreto que crea una política estadual hacia los afectados por emprendimientos hidroeléctricos, garantizando todos los derechos de los afectados, resaltando la participación y organización de la sociedad para garantizar el cumplimiento de los mismos.En Brasilia, el gobernador Tarso Genro se reunió con el ministro de la presidencia de Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho el pasado viernes. En un trabajo conjunto con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul promoverá una serie de audiencias entre los gestores públicos y las comunidades que se verán afectadas por la posible construcción de Garabí-Panambí. El calendario que encabezará Carvalho se dará a conocer en unas cuatro semanas. Bajo Iguazú: audiencia con diputadosLa comisión que representa a los afectados por la represa Bajo Iguazú (ubicada a menos de un kilómetro de las Cataratas del Iguazú en el estado brasileño de Paraná) confirmó que el próximo 2 de julio, serán recibidos por un grupo de parlamentarios federales.La intención es exponer que unas 200 familias (especialmente de agricultores) lo perdieron todo por las últimas inundaciones, antes de que la Justicia resolviera suspender la obra de la represa por no tener un certificado de viabilidad ambiental.“Muchos perdieron sus casas, muebles, electrodomésticos, animales e incluso vehículos. Algunos se quedaron sólo con la ropa que llevaban puesta”, como Sydney Martini.Reclaman especialmente a la empresa de electricidad local que los compense, para lo cual, se inició un censo personalizado a los efectos de evaluar los montos que cada familia perdió con el paso del agua. Los representantes de los afectados se reunirán con miembros de la Comisión de Derechos Humanos, con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, la Cámara Civil y otros órganos.
Discussion about this post