POSADAS. Quejas que se multiplican pero que, de fondo, implican mayor gasto en la economía familiar de miles de familias misioneras. La falta de acceso a la garrafa social (de 10 kilos por $16), sigue siendo un problema difícil de resolver, que tiene como protagonistas a comerciantes “avivados” que cobran entre 50 y 80 pesos por la misma garrafa subsidiada por la Nación y los pobladores de pueblos y parajes que no cuentan con otra opción para escapar de los chantas.Un dato debe servir para entender la “diferencia” que hacen estos comercios con los valores expuestos: el fraccionador vende a $1 cada garrafa de 10 kilos al distribuidor. Luego vienen los costos de flete y demás impuestos que disparan el precio entre 35 y 40 pesos, como precios relativamente justos si se trata de almacenes o comercios. Pero, en mostrador de las fraccionadoras o distribuidoras, no deben pasar los 16 pesos.Ahora, desde el área de Defensa del Consumidor se articulan acciones entre intendentes y una distribuidora de garrafas de Posadas, con el fin de llevar camiones que vendan en el momento el gas social a precio justo.“Los intendentes que lo deseen pueden acceder a trasladar a los consumidores a Posadas o las garrafas a sus localidades para poder facilitar la compra a $16”, confirmó el titular del área, Alejandro Garzón Maceda a PRIMERA EDICIÓN.“Hemos logrado que una de las empresas le pueda dar a los municipios las garrafas para llevar a valor de $16. Si vas al distribuidor no te venden más de una. Pero, logramos que los intendentes con una lista de consumidores que contenga domicilio y DNI de cada uno. Esa lista servirá para la facturación de la empresa en forma personal. Entonces, el intendente retira las garrafas, paga y en sus municipios las distribuye a los que se inscribieron”, precisó.El problema no son los puntos de venta, sino la cantidad de distribuidores autorizados en toda la provincia. “Los distribuidores oficiales son los que le compran a los fraccionadores y venden. En el interior, están los revendedores que ofician de distribuidores. Ahí es donde tenemos el problema de los precios”, confirmó Garzón Maceda.El Estado no puede distribuirRespecto al proyecto de los diputados de PAyS, que piden que la Provincia se haga cargo de la distribución del gas solidario, el funcionario de Defensa del Consumidor opinó que “el Estado no puede hacerse cargo. Se necesita autorización, elementos de habilitación como camiones, choferes inscriptos con carnet de transporte de sustancias peligrosas. Es decir, como Estado no vamos a poner una empresa distribuidora de gas. Que el Estado haga el trabajo de un privado, no me parece en este caso”.Garzón Maceda tiene en claro los municipios con problemas, los revendedores que distribuyen, muchos clausurados y que trabajan en la clandestinidad. El problema, es que ningún distribuidor formal se instala en esos municipios. Porque cerrar los ilegales significará dejar a una comunidad sin gas, sin que nadie les lleve garrafas.Es allí, donde las grandes distribuidoras tienen una oportunidad de mejorar sus ventas. Pero, al parecer, con lo que tienen se conforman. Todo indica que la venta de garrafas deja ganancias suficientes, sino las distribuidoras oficiales se pelearían por el territorio donde trabajar.
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