POSADAS. Mucho por mejorar. Es la sensación generalizada respecto a la implementación de una ley importante para que la ciudadanía pueda obtener información de la administración del Estado. Pero, en la búsqueda de precisiones y haciendo uso de la facultad que tienen para hacer el seguimiento de las normas sancionadas; los diputados provinciales Víctor Kreimer y Claudio Wipplinger (partido Trabajo y Progreso) pedirán informes que permitan evaluar estos dos años con ley de libre acceso a la información pública, sancionada un 7 de junio de 2012.Al ser la autoridad de aplicación la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, es a esta repartición pública a la que se solicita “informe respecto de cada uno de los requerimientos recibidos en el marco de la Ley IV – N° 58, de Libre Acceso a la Información Pública”. Mediante un proyecto de comunicación se requiere conocer de los pedidos recibidos por parte de ciudadanos: “Fecha de recepción del pedido por parte de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia; solicitante; tema; número de expediente; organismo responsable de proporcionar la información; fecha de remisión al organismo responsable de proporcionar la información; fecha de recepción de la respuesta por parte de la Subsecretaría; y fecha de respuesta al requirente”.Incumplimientos“Quienes hemos aprovechado la posibilidad de utilizar la ley, vemos que en muchos casos las disposiciones en ella establecidas no se cumplen, pudiendo verificarse con absoluta claridad que los incumplimientos relacionados con los plazos de respuesta son reiterados y generalizados”, afirmaron Kreimer y Wipplinger en los fundamentos.Dieron tres ejemplos como muestra de dichos incumplimientos: dos solicitudes fechadas el 25 de abril pasado y la tercera el 29 del mismo mes, “que aún no han sido respondidas y sobre las que no hemos recibido comunicaciones que justifiquen las demoras”, revelaron. “Es imprescindible, a efectos de garantizar el cumplimiento y el respeto a lo dispuesto en la ley, que se ponga la lupa en el funcionamiento del circuito administrativo dispuesto en la reglamentación a los efectos de generar las correcciones que fueran necesarias, incluso asignando mayores recursos si correspondiera”, opinaron.Respecto al pedido de informes, agregaron que “del análisis de los resultados para determinar ajustes y correcciones, cobra especial relevancia en momentos que la legislatura se apresta a discutir el presupuesto provincial para el próximo ejercicio y es evidente que, para poder avanzar en ese sentido, resulta imprescindible contar con la información completa y precisa sobre la manera en que se han ido resolviendo los requerimientos tramitados hasta el momento”, finalizaron Kreimer y Wipplinger.
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