REDACCIÓN CENTRAL Y NA. Un ladrón arrebata el bolso de una turista en pleno centro porteño. La escena es presenciada por varios transeúntes y uno de ellos (supongamos un actor) se sale un instante del asombro para entrar en acción y perseguir al delincuente. En cuestión de segundos, una horda de personas se abalanza sobre el carterista para propinarle una paliza.Los siguientes en llegar son los policías que forman un cordón alrededor del ladrón para salvarlo de la catarata de golpes. La escena se nutre de sangre e insultos.Minutos después, las marquesinas de los canales de noticias hablan de “otro linchamiento”. Y es que el episodio de hace instantes es una réplica de lo que viene sucediendo en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades. Es un fenómeno que se acaba de instalar en el país y que arranca una discusión visceral.En las calles es común escuchar que “el ladrón se lo tiene merecido”, una respuesta que habla a las claras de la temperatura social. El arco político y las instituciones sociales ven en el tema una oportunidad para expresarse más allá de la inflación (tema de moda si los hay). Se abren los micrófonos y las opiniones. Hay de todo, a favor, en contra, los políticamente correctos, los que lo justifican a medias.Los linchamientos se colaron en el país en cuestión de horas. Son algo así como la nueva epidemia que, al menos por esta semana, desviaron la atención (y la tensión) que la vapuleada economía representa para los argentinos.El jueves, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, afirmó que los linchamientos no tienen “justificación alguna” y señaló que para resolver los conflictos están “las instituciones”.“Vivimos en un Estado de derecho y tenemos instituciones para resolver los conflictos y las situaciones que nos preocupan y, aun cuando estas instituciones puedan tener dificultades para responder prontamente, no es a través de la agresión a otros y las golpizas como se solucionan los problemas de inseguridad”, subrayó Lozano.Aludió a la postura del papa Francisco en torno de la violencia y subrayó que para el pontífice “el problema de la violencia no son los pobres, sino las situaciones de exclusión y desigualdades que hay entre países y dentro de una misma sociedad”.El martes pasado, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, encabezó una reunión de la Mesa de Diálogo de la provincia junto al gobernador Antonio Bonfatti, que repudió los linchamientos registrados en los últimos días y advirtió que “la justicia por mano propia agudiza los problemas. No podemos acostumbrarnos a convivir con el delito, la violencia, la inseguridad y la muerte. Es posible y nos merecemos una Santa Fe distinta”.En el arco político argentino las opiniones son de contraste. La Legislatura porteña, por ejemplo, aprobó una declaración con un texto consensuado, a través de la cual expresó “su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en los últimos días” en diversos puntos del interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires y rechazó la “justicia por mano propia”.“Lo que deberíamos tratar no es la reacción de la gente ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad”, opinó el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, quien aclaró que el cuerpo rechaza “la justicia por mano propia pero también hay que decir que los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado”.Luego de un debate del que participaron representantes de todos los bloques y de un cuarto intermedio realizado para llegar a un acuerdo, la diputada Alejandra Caballero (PRO) leyó el texto de la declaración acordada, que condena esas acciones violentas. La declaración recibió la aprobación de todos los diputados presentes, excepto la abstención del diputado Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores, FTI).De su lado, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, insistió en que los linchamientos de presuntos delincuentes con el resultado de “treinta años de mala política” y una “ausencia del Estado nunca vista”. “Lamentablemente la gente reacciona de esta manera, que no es la adecuada. Es la consecuencia de treinta años de mala política que nos ha llevado a esta ausencia del Estado nunca vista, con delincuentes que salen y entran de las cárceles”, afirmó Macri.Otro opositor al kirchnerismo, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, deploró los casos de linchamiento de asaltantes de los últimos días y responsabilizó al Gobierno de haber generado “la lucha de pobres contra pobres, de vecinos contra vecinos”.Cariglino culpó al Estado de “desestabilizar a la sociedad y la paz social” y opinó que “el Gobierno tiene mucho que responder por estas cosas que pasan”, según se informó en un comunicado.Señaló que “la justicia por mano propia no sirve”, pero remarcó que la presidenta Cristina Kirchner debe “salir del termo” y ocuparse de estos temas que tanto mal le hacen al pueblo”.En el seno del oficialismo la diputada, Juliana Di Tullio, pidió tomar un linchamiento como “lo que es, un delito” y no como “justicia por mano propia”. Además, consideró como “una barbaridad” las expresiones del líder del PRO, Mauricio Macri, quien dijo que estuvo “tranquilo” cuando su hija estuvo en el exterior, debido a que no iba a estar expuesta a posibles hechos de inseguridad.Así las cosas, lejos de ensayar un análisis sociológico de lo que ocurre, los sectores políticos esbozan respuestas que lleven agua para los molinos propios. Como si la discusión pasara entonces por atribuir culpas sin atacar el fondo de la cuestión para acabar con el fenómeno propio de la Ley del Talión (“Ojo por ojo, diente por diente”) contenido en el Código Hammurabi.A menudo blanco de críticas por una suerte de “suavidad” al momento de tratar el crimen, el Poder Judicial también se expresó en boca del titular del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Carlos García Allocco, quien advirtió que los ataques a presuntos delincuentes que se registraron en distintos puntos del país “agravan” la situación de seguridad.“La justicia por mano propia no e
s legal, yo como hombre de derecho debo decir que la justicia tiene que estar a cargo del Estado, de los órganos predispuestos para ello y sin dudas hay que llamar a la reflexión”, advirtió Allocco. El magistrado consideró que “esta situación lejos de curar un mal, lo agrava”.A su vez, el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, pidió a la población tener “confianza en la fuerza policial” y no apelar a la “justicia por mano propia”.Y lanzó una suerte de instructivo: “El que quiere intervenir para aprehender a una persona que acaba de cometer un delito lo puede hacer, la ley lo permite y es facultativo, pero inmediatamente hay que dar aviso a la Policía y entregarlo de inmediato a la fuerza”.Sobran coquetas definiciones y convincentes (y no tanto) argumentos. Pero lo concreto es que en pocas horas los canales de noticias volverán a informar de “otro linchamiento”.





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