POSADAS. Pasaron casi quince años desde que un importante grupo de jueces, camaristas, secretarios de Cámara y fiscales de Cámara decidieron iniciar una demanda al Estado misionero para conseguir que fueran blanqueados los adicionales no remunerativos que perciben en sus haberes. El objetivo: obtener un mejor haber jubilatorio.Nada deja de ser sorprendente: los mismos jueces que deben penalizar a los privados que pagan “en negro” a sus empleados debieron recurrir en septiembre de 1999 al mismo poder que integran para que quien los designa y decide sus haberes (el Gobernador) blanquee sus sueldos. Y deben vivir en carne propia los tiempos, dilaciones y recursos que muchos otros ciudadanos pasan al recurrir al servicio de justicia de Misiones.En la continuidad de las idas y venidas de la causa, se conoció que la Fiscalía de Estado de la provincia, a través de la abogada Angela Paula Souza Alexandre, de Buenos Aires, quien actuaría con poder de la Fiscalía como Fiscal General, decidió recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al conocer que el Superior Tribunal de Justicia misionero le rechazó un reclamo recientemente.El expediente 135/2014 “Cabral, Ernesto César y otros contra provincia de Misiones” ingresó el pasado 27 de febrero a través de la Secretaría 4 de la Corte como demanda contenciosa administrativa.Del lado de los demandantes judiciales, el encargado de llevar el litigio es el abogado correntino (aunque nacido en Eldorado) Walter Guillermo Goldfarb.Ahora, quedará saber si la CSJN decide intervenir y más aún, decidir sobre un tema donde se ha expedido con mucha claridad frente a demandas similares: los no remunerativos son parte del haber al momento de calcular la jubilación o una indemnización. Algo que el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) parece seguir desconociendo en las liquidaciones previsionales.Lo curioso es que la CSJN suele abocarse con carácter excepcional y restringido a causas con sentencia y no por quejas en casos sin sentencia como ocurre con la demanda de los magistrados a la provincia.Un largo procesoMientras la Corte define lo descripto anteriormente, en Misiones, la causa de los magistrados siguió su curso, hasta conseguir un Tribunal de conjueces que entienda en la misma, después de más de una década. Ocurrió en medio de un largo tiempo de inhibiciones (por amistad o relación con el centenar de demandantes) con el consecuente sorteo de subrogantes. Hoy, están los abogados del foro local de Posadas y otras localidades de Misiones (no debieron asistir letrados de otras provincias) firmes como conjueces para decidir la suerte de la demanda.Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el proceso atraviesa la etapa probatoria.Es una acción judicial nada menor, por lo que representa tanto institucional como económicamente. Institucionalmente, porque involucra a dos poderes: Ejecutivo que maneja los fondos del Judicial. Económicamente, porque de sólo pensar el carácter retroactivo de la demanda, con los intereses actualizados por el tiempo transcurrido, el monto a cobrar por los jueces y funcionarios misioneros sería millonario y difícil de afrontar por la administración Closs. El actual Gobierno, como todas las anteriores gestiones provinciales, sigue sin poner en marcha un plan de blanqueo de adicionales no remunerativos que mejore el haber de los activos y asegure un mejor retiro a los que -pasados en la edad mínima para irse- siguen trabajando hasta que aparezca una jubilación más digna.Si bien hace dos años que la Legislatura sancionó una ley para que los trabajadores del poder judicial se retiren con el 82% móvil de los haberes de bolsillo que perciben, no sería impedimento para avanzar legalmente cuando pasaron muchos años del inicio de la demanda, con muchos magistrados y funcionarios retirados por razones de salud y edad. Incluso, con algunos de los demandantes fallecidos y cuyos familiares (sólo un puñado) decidieron continuar el litigio contra el Ejecutivo. La nueva ley sancionada fue clara con respecto a los ya jubilados: no habrá retroactividad porque la caja conformada para sostener el 82% móvil no alcanza, aun cuando los integrantes de la Justicia, aporten un mayor porcentaje en concepto de jubilación.De ganar el juicio los jueces misioneros, se fijará un fuerte antecedente en materia de jurisprudencia para el resto de los trabajadores estatales que quieran tomar el camino de la Justicia.
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