POSADAS. Finalmente y con algunas reformas para mejorarlo levemente, el Concejo Deliberante local aprobó ayer por unanimidad un pedido de informes al intendente municipal Orlando Franco sobre el incendio ocurrido el pasado martes 1 en el Corralón Municipal y que ocasionó la muerte de dos empleados y quemaduras en otros dos. Aunque lo deslucido del texto motivó que desde el radicalismo, que lo calificó de “light”, advirtiera que si la respuesta del jefe comunal se demora o resulta insatisfactoria plantearán la constitución de una comisión investigadora sobre la situación en esa dependencia comunal, “con el propósito de saber qué paso y prevenir que no vuelva a pasar”.“Hay responsabilidades penales, administrativas y políticas, las cuales debemos establecer porque si no hacemos nada para aclarar estos hechos y prevenir otros futuros, las responsabilidades políticas serán nuestras, de este Concejo”, puntualizó el radical Hernán Damiani, al anticipar que el bloque que preside sumaría su voto al pedido de informes finalmente hecho. Todo ello en el marco de una sesión que se extendió hasta pasadas las 14, cuando se desplomó por falta de quórum al retirarse el radicalismo, cuando los renovadores se resistieron a devolver a comisión un dictamen para establecer un régimen de depositario judicial municipal para los vehículos que se hallen retenidos bajo su poder (ver recuadro derecho).Pedido de informesLa unanimidad del apoyo al pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sobre lo ocurrido a principios de mes en el corralón de la Dirección de Tránsito no se reflejó en el debate, ya que los opositores Rolando Rubleski (por momentos, visiblemente ofuscado), Gabriel Nielsen y Hernán Damiani y el paraoficialista José Almirón plantearon algunas de las responsabilidades soslayadas por el gobierno municipal. Este último, a su vez, fue crítico del dictamen puesto a consideración que, dijo, sólo hacía referencia a un aspecto parcial de la cuestión abierta en torno al siniestro.Desde la Renovación, José Moglia destacó la ampliación que hicieron al proyecto, añadiéndole, al pedido original sobre la seguridad en el edificio, referencias a las acciones administrativas y judiciales adoptadas, y al aspecto laboral de los agentes de Tránsito. En tanto, Mario Florentín y Carlos Báez cuestionaron las críticas opositoras, reclamando esperar la respuesta antes de abrir cualquier juicio. “Ya no entiendo nada, piden una cosa, se la damos y después nos critican”, se quejó Moglia.Los tres tuvieron duras expresiones hacia este Diario y, más el ombudsman Marcelo Vairo, volvieron a reclamar respetar el dolor de los familiares. ¿Sólo salvaguarda del patrimonio?La intención de establecer normas que restrinjan la protesta social en el municipio y, en especial, la de los empleados comunales, denunció Gabriel Nielsen (PTP), con la pretensión del Concejo de dictar una nueva ordenanza que establezca reglas para resguardar la integridad de los bienes y servicios públicos. Ocurrió cuando, por fuera del orden del día, se pretendió introducir un dictamen de ordenanza, según advirtió el concejal Gabriel Nielsen (PTP), no hacía sino repetir lo establecido en otra norma ya vigente, la 1.116, de 2003. En su opinión, aquella era más completa que la puesta en debate; en tanto, la propuesta añadía temas que podrían estar destinados a limitar las manifestaciones populares, como actos políticos o protestas, ya que los prohibía -sobre todo el de empleados municipales en la vía pública o dentro del edificio, explicó-, mientras restringía otros, cuando pudieran dañar propiedades públicas. Deja al arbitrio del intendente autorizar otras expresiones similares, dijo.El autor de la iniciativa, el ombudsman Marcelo Vairo, negó esa intencionalidad y aseguró que la propuesta “sólo se apunta a salvaguardar el patrimonio municipal”, pero aceptó volverlo a comisión. Temas de última hora “Si quieren contar con nuestro voto, permítannos al menos leer antes los textos”, reclamó el radical Hernán Damiani, al pedir el retorno a comisión de un dictamen que apuntaba a crear la figura del depositario judicial municipal para aquellos vienes móviles bajo custodia comunal. Al igual que otros temas puestos a debate, el mismo fue incorporado por fuera del orden del día y, según denunció en varios casos similares, fue analizado en comisión, la que integra, en una reunión que se hizo en un horario diferente al habitual que no supo.El temor del edil opositor radicaba en que la iniciativa, de su par Claudine Deglise, tenía aspectos muy delicados que “en este tema han echado jueces” por lo que requiere un estudio más exhaustivo, reflexionó. La edil renovadora no aceptó esa pretensión e insistió se vote, llevando al retiro de los concejales radicales (Damiani y Pablo Velázquez), en un momento en que en el recinto además sólo seis renovadores, abortando la sesión por falta de quórum.Un rato antes, Rolando Rubleski se había quejado por esas incorporaciones irregulares, reclamando que con, por lo menos 72 horas antes, se anticipe a los 14 ediles la ocasión de las reuniones de comisión y el plan de labor a tratar en ellas, de manera de poder asistir a esos trabajos grupales de estudio.
Discussion about this post