QUITO, Ecuador (Agencias). Prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salir del país ordenó ayer la Justicia en el primer caso de presunto crimen de lesa humanidad que llega a los tribunales, en el que se imputa a diez ex altos cargos militares y policiales por tortura, violencia sexual y desaparición forzada.En la audiencia de formulación de cargos el fiscal general Galo Chiriboga presentó el caso de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín.De los imputados (dos militares y un policía en servicio pasivo) dos están fuera del país y para ellos la Fiscalía podría analizar la extradición o deportación, entre otras medidas.La jueza de garantías penales, Lucy Blacio, también ordenó el arresto domiciliario de seis altos cargos militares en servicio pasivo y sustituyó, por razones de salud, esa figura pedida para un séptimo por la de prohibición de salir del país.La magistrada de la Corte, que abrió la instrucción fiscal por noventa días, ordenó también la enajenación de los bienes de los imputados, ninguno de los cuales estuvo en la audiencia, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron la petición de la Fiscalía de medidas cautelares.Las víctimas, Vaca, Cajas -asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País- y Jarrín, fueron detenidas en 1985, acusadas de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el gobierno (1984-1988) del fallecido ex presidente León Febres Cordero.
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