POSADAS. La mujer acusada de abandonar y dejar morir a su hija discapacitada, de quince años, fue procesada ayer por el juez de Instrucción 7, Ricardo Walter Balor, quien en el mismo decisorio le concedió el beneficio de la excarcelación, pese a que el mínimo de la pena de una eventual condena es de cinco años de prisión.Para el magistrado, no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación de parte de la imputada.La víctima, que padecía de retraso madurativo y discapacidad motriz, razón por la que no podía valerse por sí misma, fue hallada muerta el 23 de julio pasado en inmediaciones de las avenidas San Martín y Quaranta.Cuando los investigadores arribaron al lugar, se habrían encontrado con un escenario dantesco. El cuerpo estaba sobre un colchón en el piso, en una habitación que, a juzgar por el desorden y la suciedad, era utilizada como depósito.Con posterioridad, se conocería el resultado de la autopsia, clave para arrojar un poco de claridad sobre la causa.El informe médico forense estableció que la niña presentaba un cuadro de “desnutrición y deshidratación aguda”.La situación procesal de la imputada se complicó cuando una tía y la abuela de la víctima contaron que habían dejado a la niña en perfecto estado a su madre, diez días antes del trágico desenlace, porque debían viajar a Corrientes.Por eso los investigadores sostienen que la víctima no habría comido ni bebido en diez días. Cuando regresaron, ya no podían hacer nada.A ella se suma la declaración de otros testigos que hablan de un trato inhumano de la madre a la hija. Le concedieron la excarcelaciónEl juez de Instrucción 7 procesó a la madre de la nena a la que habría dejado morir y pese a la probabilidad de una conducta macabra, le concedió el beneficio de excarcelación en el mismo auto de resolución.Para el magistrado Ricardo Walter Balor, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, razón por la que la imputada continuará en libertad, quizás incluso hasta la realización del juicio oral y público.El delito que se le imputa a la procesada contempla un mínimo de cinco años de prisión o reclusión.Fuentes de la investigación indicaron que toda la jurisprudencia se orienta en estos tiempos a mantener al imputado en libertad, pese a que el mínimo de la potencial condena no es en suspenso, indicaron.Asimismo, ayer trascendió que el abogado penalista Ramón Moisés Grinhauz asumió la defensa de la acusada, quien seguramente apelará la resolución.
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