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Causa recelos preferencia de la EBY con municipio de Candelaria

15 septiembre, 2013

POSADAS. Del odio al amor pasó la relación entre el municipio de Candelaria y la Entidad Binacional Yacyretá. Hace sólo tres meses, el intendente Carlos Flores amenazaba con cortar la ruta si el organismo nacional no lo compensaba por los supuestos “daños” causados en el municipio que dirige.En una reunión con vecinos del barrio San Anselmo advirtió que estaría dispuesto a cortar la ruta 12 si los vecinos no reciben respuestas por los constantes cortes de agua y energía eléctrica; y si el municipio no es compensado por Yacyretá.El sitio Actualidad Sur fue quien divulgó el audio del jefe comunal en su web. Según dicho audio, Flores comentó a los vecinos que notificó a presidencia de la Nación un reclamo de obras de infraestructura y le envió una carta documento al director de la EBY, Oscar Thomas”.“Le dije que él no podía decidir por Candelaria porque nosotros no somos ciudadanos de segunda, él no es dueño de la provincia ni de Yacyretá”, expresó el funcionario para luego señalar que el arroyo Garupá “ahora es un espejo de agua que ni para balneario va a servir, ellos (EBY) nos quieren venir a decir que empezaron a hacer una costanera y yo le paré todo, yo necesito servicios, no costanera”, concluyó el intendente de Candelaria en su polémica declaración.Sin embargo, sólo tres meses después, por razones que públicamente se desconocen, las relaciones entre Thomas y Flores cambiaron, al punto que la Entidad Binacional resarció al municipio con más de dos millones de pesos, confiaron fuentes del organismo, además de otros beneficios que terminaron en las manos del intendente, quien debería distribuirlas entre las familias afectadas por la suba del embalse, como oleros y otros relocalizados, además de quienes tenían propiedades privadas en la zona afectada.Los reclamos del Municipio pasaban por obras y dinero por supuesto “daño y lucro cesante” en concepto de tierras inundadas por verse reducida la extensión de territorio por la cual la comuna cobraba impuestos.Otros municipios, por no mostrarse críticos ni cuestionar la gestión de la EBY, no se animaron a acompañar los reclamos que hizo Candelaria pero se desayunaron que el municipio más “rebelde” que siempre se mostró crítico, ahora es recompensado con dinero en efectivo y ellos que hicieron silencio y aceptaron que la EBY tome decisiones sin consultar, no recibieron nada. Principalmente Garupá, Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Roca y Corpus.Los reclamos se iniciaron hace más de dos años, la EBY en principio no le respondió pero luego que las protestas llegaran por escrito al Ministerio de Planificación Federal -que conduce Julio de Vido-, que es el hombre que gira los miles de millones de pesos para las obras que realiza la Entidad, finalmente hubo acuerdo.La situación política de Candelaria, hace un tiempo, era una isla. Casi no recibía ningún programa o beneficio de la provincia, más allá de la coparticipación que es automática y obligatoria. La relación con la provincia se tensó cuando el intendente Carlos Flores impulsó un foro de intendentes para negociar obras y trabajo conjunto directamente con la Nación, sin intermediarios de la provincia, lo que se consideró casi como una traición.Parte de esta estrategia fue la sanción de una ordenanza donde se establecía que “todo proyecto u obra de ingeniería civil pública o privada que impacte en el medio ambiente deberá presentar un estudio de impacto ambiental al área competente de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo Municipal”.Uno de los artículos más importantes, el 11, especifica que el Poder Ejecutivo Municipal deberá “realizar con la urgencia que la cuestión amerita toda la diligencia ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a los efectos de tomar conocimiento de las intervenciones en todo el ámbito de este municipio, al mismo tiempo realizar los reclamos pertinentes”.Con este resguardo, el municipio preparó el terreno legal para efectuar los reclamos económicos. La EBY nunca le había presentado los planes de las numerosas obras y transformaciones que realizó en esa comuna. Tampoco le había pedido autorización ni sugerencia al municipio sobre los planes de obra a ejecutar.No se sabe si hubo algún pedido de las autoridades nacionales al director de la entidad, Oscar Thomas, pero lo cierto es que al poco tiempo el organismo binacional se dispuso a negociar.A través de las ordenanzas del municipio se conocieron dos acuerdos firmados con la Entidad (ordenanzas 29/2013 y 30/2013) a través de la cual se reconoce el daño.En el primer caso “para mitigar la situación de los oleros que fueron afectados en sus viviendas – habitación producto del incremento de las aguas por elevación del Embalse de Yacyretá a cota definitiva”, señala el acta acuerdo.Teniendo en cuenta que “el Municipio de Candelaria vio disminuida la superficie que corresponden a su jurisdicción y que habiendo hecho el reclamo pertinente, en salvaguarda de la potestad soberana, y llevada a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal en buenos términos ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), este accedió a dicho pedido”.“La EBY, dispondrá del recurso financiero para adquirir un inmueble y que será transferido en propiedad del Municipio de Candelaria”, se agrega. Sin embargo en la ordenanza no se describe en qué forma se recompensará a los oleros afectados.Por otra parte, la segunda ordenanza trata sobre “el resarcimiento por inundación de superficies destinadas a calles”. La EBY “accedió a realizar el estudio que permita conocer la superficie con destino a calles y que fue inundada y determinar el concepto indemnizatorio correspondiente”.El pago de impuestos, la venta de terrenos fiscales y el lucro cesante por otros servicios es reconocido en el acta acuerdo.A principios de 2012 hubo varios intendentes de la costa del Paraná que se reunieron en San Ignacio para analizar la redacción de un pedido conjunto a la Entidad.Principalmente la intención era que el Ejecutivo provincial distribuya la coparticipación que mensualmente le gira la EBY y que debe servir para compensar los daños ambientales, sociales y económicos de la crecida del río.Se consideraron numerosos pedidos a la provincia como a la Entidad Binacional, ya que los municipios son autónomos y no se les ha solicitado el permiso ni la autorización para transformar de la manera que se hizo sus costas y municipios.No se descarta que ahora, envalentonados por este antecedente y necesitados de recursos frescos, algunos municipios como Garupá, Santa Ana, San Ignacio y Corpus eleven los mismos planteos econ&
amp;oacute;micos.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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