POSADAS. Es ley el proyecto que crea en la estructura del Ministerio del Agro provincial un fondo de asistencia para casos de contingencia a los tabacaleros misioneros. La iniciativa, propuesta por el diputado Héctor Bárbaro, fue aprobada por unanimidad ayer en la Legislatura provincial. El proyecto aguardaba desde 2008 ser aprobado y deja en manos del Estado con menor burocracia la ayuda a los productores del sector en casos de granizo, sequía, temporales, etc. Se financiará con fondos del FET. Ahora, cuando el oficialismo busca recomponer su relación con la producción que le dio la espalda en las elecciones del 30 de junio, finalmente se convirtió en ley. Antes, el fondo, de unos 38 millones de pesos, estaba en manos de una aseguradora y eran múltiples las quejas por la tardanza en la asistencia.El autor del proyecto cargó duramente contra el gremio APTM, al que responsabilizó de los problemas que hubo con el manejo anterior a la ley. Y aseguró que “el sector tabacalero es el más sufrido pero el que más aporta a la provincia”.Por su parte, el diputado Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso) destacó que el proyecto fije plazos de asistencia y formas sin dejar nada librado a la reglamentación para su rápida puesta en marcha. Puso énfasis en la necesidad de que “el Poder Ejecutivo actúe con rapidez, para que las leyes que sancionamos tengan rápida aplicación, especialmente el tema de la ayuda a los tabacaleros, porque uno de los objetivos de la ley es que se llegue más rápido con la asistencia cuando hace falta.Y sería triste que, como sucede con otras normas, existiendo la ley la ayuda no se haga efectiva por demoras en la reglamentación o implementación”.Señal a la CorteAdemás, se incorporó un artículo a la Ley de Creación del Parque Provincial del Río Iguazú, que hoy está suspendida tras un litigio planteado por la Administración Nacional de Parques Nacionales con la provincia, por el dominio del recurso. Fija expresamente “la imposibilidad del Poder Ejecutivo provincial de realizar actos, o disponer medidas reglamentarias, que pudieran afectar los fines del Parque Nacional Iguazú”. Además, se especifica que las decisiones que pudieran afectar los recursos naturales y ambientales las adoptará “con conocimiento de los concejos deliberantes de los lugares comprometidos”. El autor del proyecto, Carlos Rovira, confirmó en su discurso que se trata de dar una señal al máximo tribunal de Justicia respecto a la ratificación del dominio del río Iguazú pero sin perjudicar los intereses económicos de la APN en Iguazú.
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