ELDORADO. La Justicia Federal procesó a cinco aborígenes, de la aldea Mbororé de Puerto Iguazú, por los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en una causa que se cerró a principios de julio pasado con el allanamiento a esa comunidad, por orden judicial y la participación activa de Gendarmería Nacional.La resolución, a la que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso en forma exclusiva, se conoció ayer y fue decisión del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado subrogante José Luis Casals.Además de los cinco paisanos, el auto de procesamiento alcanzó a un ciudadano de nacionalidad paraguaya.Al parecer, este hombre mantenía una relación sentimental con una de las dos mujeres aborígenes que fueron procesadas y a las que se les dictó el auto de prisión preventiva.Según pudo averiguar este diario, el juez Casals otorgó el beneficio de arresto domiciliario a las dos mujeres porque al parecer son portadoras de VIH y madre de niños que también padecerían la misma enfermedad.Los otros cuatro hombres sí cumplirían con el régimen de prisión preventiva, aunque no trascendió si en la Unidad Penal 17 de Candelaria o en una delegación de Gendarmería Nacional, ubicada en la zona norte de la provincia.Los seis imputados fueron acusados entonces de los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.La investigación, que estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, terminó de materializarse en los primeros días de julio con el allanamiento a la aldea El Fortín Mbororé, en Puerto Iguazú, donde los uniformados procedieron a la detención de los seis involucrados y al secuestro de marihuana y cocaína.No trascendió la cantidad de droga decomisada, pero sin dudas que el juez la consideró suficiente para endilgarles el delito de “comercialización”.La problemática del ingreso de estupefacientes a comunidades aborígenes no es nueva. El mismísimo ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, lo reconoció el año pasado.Lo sabe la Justicia ordinaria y la Federal también, pero es el Estado el que no parece reaccionar.En este caso, quizás como en otros también, se detectó que los acusados comenzaron como “mulas” en el transporte de drogas, desde Paraguay a la Argentina.Por lo general, ingresaban marihuana pero el tráfico se extendió a cocaína o alguno de sus derivados, como el crack.Sin embargo, después decidieron iniciar su propio negocio trayendo drogas para su comercialización.De una u otra manera, está claro que detrás operan organizaciones ligadas fuertemente al narcotráfico internacional.Según las últimas investigaciones, los narcos utilizan a los originarios para el transporte de marihuana u otras sustancias en pequeñas cantidades y su posterior acopio en distintos puntos del Alto Paraná.Una vez que se acumula una buena cantidad, recién se procede al traslado de la “mercancía” a los grandes centros urbanos del país y del exterior.Esta situación tampoco escapa al trabajo de Inteligencia que realizan las distintas fuerzas de seguridad y por ende al Estado.En esta causa, por ejemplo, la investigación se inició por el llamativo ingreso de autos lujosos a la comunidad ubicada en Iguazú. Un flagelo conocido que recrudecióLa problemática del narcotráfico en comunidades aborígenes de la provincia no es nueva, pero recrudeció en los últimos tiempos, en simultáneo con el padecimiento de adicciones de los pobladores originarios a distintas sustancias (marihuana, cocaína o crack y alcohol).Hace prácticamente un año, PRIMERA EDICIÓN publicó un informe titulado “Narcos utilizan a aborígenes como mulas y se refugian en aldeas”.En este, el mismísimo ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, reconoció la situación: “Lamentablemente los aborígenes se contagian de los vicios más miserables que tiene la civilización, como ser el alcoholismo, la droga y el tráfico”.Ahora no se trata de “mulas” utilizadas para el transporte de alucinógenos, manipuladas supuestamente por organizaciones inescrupulosas y mafiosas.La Justicia Federal consideró suficientes los elementos probatorios que reunió para acusar a cinco pobladores originarios -más un ciudadano paraguayo- de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.Es decir, no sólo consumían sino comercializaban la droga que ellos mismos traían de Paraguay, según los datos a los que accedió este diario.Mal que le pese a quien fuera, la droga es uno de los tantos flagelos que asuela a las comunidades originarias hace un buen tiempo atrás. Y lo que es peor, recrudecen con el tiempo.Sin embargo, la situación pareciera pasar inadvertida para las autoridades, o al menos parecieran no reaccionar.Sí reacciona algún desorientado por alguna viñeta publicada por este diario, por considerarla discriminatoria, mientras nuestros hermanos padecen hambre y otras miserias, como también lo reflejó este medio semanas atrás, con el rescate de un niño mbya en San Ignacio, con síntomas de desnutrición y en un estado de abandono desesperante.
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