POSADAS. “En 16 años tuve que pasar de todo con el IPS, porque es una lucha. La Ley de Discapacidad dice que la obra social debe cubrir el 100% y no lo hace, para todos los trámites, consultas o simples atenciones se deben presentar notas. No tienen consideración por nada, mi hijo, por ejemplo, está en silla de ruedas”, indicó Mabel Rivero, la mamá de Nicolás, un joven de 16 años discapacitado. Rivero realizó una denuncia en la Fiscalía 6 de esta ciudad, donde contó que hace unas semanas le negaron la atención a su hijo, presuntamente porque contaba con la obra social del Instituto de Previsión Social (IPS), “lo que parece que está muy mal visto”, dijo la mujer.Sin respuestasLa mamá del adolescente contó que “lo que colmó mi paciencia y por lo cual le hice una denuncia penal a la presidente del IPS, Sandra Montiel, fue que me quedé de rehén entre ellos y los sanatorios. Nunca hay camas para los pacientes que tenemos IPS, a veces nos dicen no hay derivaciones e incluso hay ocasiones en que se niegan a atender”. Además indicó que “esta última vez no me quisieron atender en dos sanatorios privados del centro de la ciudad. En la primera clínica (por calle Córdoba) la médica de guardia me rechazó porque me dijo: tenés que ir por consultorio externo, porque no es grave, entonces le respondo que el médico de Nico no está atendiendo, pues se encuentra en un curso y mi hijo está muy descompuesto. Sin embargo no me atendió y le pedí una orden de placa, a lo que respondió: yo te hago el pedido pero no voy a mirar la placa y no voy a llamar a nadie. Entonces decidí buscar al auditor del sanatorio y éste me derivó con otra doctora, que revisó a mi hijo y confirmó que necesitaba atención urgente e internación, pero me contó que ahí no había camas”. Y añadió: “Cuando me dijo eso le contesté que me firme un acta en la que decía que necesitaba internarse pero que allí no había lugar y de esa manera yo podía conseguir más rápido la cama para mi hijo, a lo que se negó, porque así como vos viniste a exigirme a mí, tenés que ir a zapatear a otro lado. Me cansé y le dije que me voy a mi casa, porque me fui a varios sanatorios y en ninguno de ellos había lugar, hasta que en uno me atendieron, pero al decir que tenía la obra social del IPS de manera automática me negaban la atención”. Esta no es la primera vez que la mujer recorre los organismos públicos, “siempre estoy lidiando con estas cosas, otra situación desagradable es cuando vamos con Nico al hospital de adultos. Allí nos dicen que como él tiene 16 años debemos ir al de pediatría, porque allí atienden a los discapacitados hasta los 18. Pero, en éste último nos niegan la consulta y nos envían de nuevo al Hospital Escuela. Todo el tiempo es así, siempre que pasa algo debo andar de un lado para otro con mi hijo, sin respuestas, para mí eso es un total abandono de persona, por eso decidí hacer la denuncia en la Fiscalía 6, con la jueza Elena Torres. “Nicolás viene sufriendo desde el año pasado un cuadro de constipación crónica, cada tanto hay que hacerle un enema y así está. Eso lo hace un médico cirujano, con anestesia general, ya que él es un paciente de alto riesgo”, siguió.“Soy una mamá que cuida a su hijo, cada vez que tiene algo complicado lo llevo al médico, investigo cada caso para contar con una noción de su estado. Pero también sé que mi trabajo va a ser hasta acá y ahí empieza el de los médicos”, cerró Rivero. Kreimer pidió informes al IPSEl diputado provincial, Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso), presentó un proyecto de comunicación en el que solicitó al Instituto de Previsión Social que informe sobre la denuncia efectuada por Mabel Rivero sobre el mal funcionamiento de la obra social poniendo en riesgo la vida de su hijo Nicolás Emilio Da Silva, que padece de parálisis cerebral.Entre los fundamentos, el diputado indica: En nuestra provincia, la Ley XIX 23 (Antes Ley 2.707), en su artículo 5, determina que “el Estado, a través de los órganos que de él dependen, otorgará a las personas con discapacidad, en la medida en que éstos o de quienes éstos dependan, o las obras sociales a las que estén afiliados no puedan afrontarlos, servicios de rehabilitación médica integral”, y en el decreto reglamentario se especifica: entiéndase por rehabilitación médica integral al conjunto de prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad por parte de las distintas disciplinas de la salud…”. Además dijo que “en este caso la responsabilidad que la ley asigna al Estado está puesta en manos de la obra social que administra y gestiona el Gobierno de la provincia. No se puede mirar hacia otro lado, hay responsables que tienen la obligación de explicar la situación. Kreimer pidió que se solucione rápidamente la situación.
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