Recursos polémicos

La firma del acuerdo entre YPF y  la multinacional Chevron para iniciar la exploración de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, que se cerró el martes, poco después de que el Gobierno estableciera por decreto un régimen de incentivo a las inversiones extranjeras en el sector hidrocarburífero, provocó un fuerte debate. El mismo martes, integrantes de la comunidad mapuche y militantes ecologistas tomaron pozos petrolíferos en la zona de Vaca Muerta, protestando por los efectos fuertemente contaminantes del sistema de explotación conocido como hidrofractura.El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, se sumó a las críticas de las organizaciones ecologistas, que invocan en favor de su postura el antecedente del fuerte impacto de explotaciones similares en la amazonia ecuatoriana.Como ocurre con las explotaciones mineras de capitales extranjeros en la zona cordillerana, respecto a las cuales también se cuestiona la metodología que utilizan, por la contaminación que generan tanto como por el uso masivo de agua que desabastece a las zonas periféricas, el Gobierno nacional soslaya la problemática ambiental, privilegiando el ingreso de divisas que movilizan estos mega proyectos.La represión, violenta en muchos casos, como en las protestas en Fámatina, aparece como la otra cara de las posturas desarrollistas del Gobierno, debido a que, como ocurre en Misiones en relación al proyecto hidroeléctrico de Garabí-Panambí, en las zonas de afectación de estos mega emprendimientos surge espontáneamente una fuerte opinión popular negativa.Del otro lado, junto al ingreso de divisas -siempre insuficientes por la tendencia endémica a la fuga de capitales-  los altos salarios que  pagan las mineras y las petroleras,  actualmente al tope de la estructura salarial con sueldos rondando los 18.000 pesos y, por último,  la potestad dada a las provincias en el manejo de los recursos naturales, por la reforma constitucional de 1994, favorecen a estos proyectos de dudosa sustentabilidad ambiental. Además de las críticas por el impacto ambiental, la firma del acuerdo provocó fuertes cuestionamientos de la oposición, dando lugar a un debate que al verse teñido por las tensiones propias del escenario electoral da lugar a no pocas paradojas. Petróleo y políticaLos reparos a las facilidades dadas a Chevron (multinacional que bajo el nombre original de Standar Oil California integrara las célebres “Siete hermanas” que monopolizaron el mercado mundial del petróleo desde sus inicios)  partieron tanto del macrista Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, como del diputado de centro izquierda Claudio Lozano.La oposición también arremetió contra la escasa inversión inicial requerida a Chevron, unos 1.700 millones en cinco años, cuando todo Vaca Muerta exigiría más de 30 mil millones; en tanto el gobierno replica que se pone en juego sólo el 3% del total de los yacimientos neuquinos en manos de YPF; y espera que la llegada de Chevron abra el camino a una fuerte corriente de inversiones. En este marco, el Gobierno -en la voz del impulsor del proyecto, el viceministro de Economía, Axel Kicillof- subraya que al contrario de otras experiencias, la  gestión de la explotación queda en manos de YPF, renacionalizada por el gobierno kirchnerista, y no de la multinacional. El debate que promueve la política hidrocarburífera iniciada por YPF remite a las históricas marchas y contramarchas en la política petrolera nacional y su vinculación con el capital extranjero; y a la vez refleja el nuevo escenario internacional creado a partir de los hidrocarburos no convencionales, del cual intenta beneficiarse el Gobierno argentino.Desde que en 1954, el diputado radical, y luego presidente de la República, Arturo Frondizi, publicara su libro “Petróleo y política”,  y provocara intensos debates al año próximo respecto a los contratos petroleros firmados por Perón y la Standard Oil de California, hasta la cuestionada privatización n de YPF durante el menemismo, el debate petrolero es un fogoso escenario de confrontaciones en el que difícilmente cabe un consenso sustentable. Curiosamente, la inestabilidad del debate coincide con un sector en el que la planificación a largo plazo es  requisito indispensable.Los 12.000 millones que el Estado argentino debería desembolsar este año por importaciones de gas, y su peso en la balanza comercial aportan, a su turno, una tensión extra, vinculada a la necesidad de mantener el vigor del modelo económico basado en el consumo interno. Plebiscito negadoLa problemática ambiental resuena también en la política misionera, luego de que el Frente Renovador viera fuertemente acotado su caudal electoral, el pasado 30 de junio, en elecciones que todavía hoy están en el centro de las especulaciones políticas.En ámbitos oficialistas exhiben el triunfo en las zonas de afectación de la futura represa de Garabí, obtenido con el expediente de haber dado lugar en las listas a referentes de la zona, como un voto a favor de las represas, que el Gobierno busca concretar, privilegiando el acuerdo binacional a ese respecto por sobre la opinión negativa de una importante franja del electorado. Apoyándose en el apotegma desarrollista  “energía, recursos y desarrollo”, en el oficialismo destacan que mientras el Frente Renovador ganó con un 44% de apoyo  en Azara y un 48% en Panambí;  el Frente Amplio Progresista de “Chito” Pasaman, que incluyó  en su lista a una referente en la pelea contra las represas que vive en Azara, no consiguió apoyo electoral.La elección, efectivamente, dejó  expuesto que los sectores que intentaron instalar a las represas como eje de campaña no alcanzaron un buen resultado, lo que puede parecer paradójico si se confronta con la fuerte opinión anti represas que se percibe en la sociedad misionera; pero que debe adjudicarse a que el electorado “separa los tantos” entre política electoral y represas. La interpretación renovadora podría ser plausible, aunque el sufragio representó principalmente el liderazgo de los referentes políticos de la zona; pero si así fuera, se trataría sólo de la opinión de la población de la zona de afectación más cercana, cuando lo que se debe considerar -por la misma ley que aprobó el Frente Renovador, instaurando la obligatoriedad de un plebiscito- es la opinión de toda la ciudadanía misionera. En este sentido, la Mesa por el NO a las represas se reunió en plenario esta semana y anunció una movilización para septiembre en demanda de que el Gobierno provincial cumpla con la convocatoria a un plebiscito vinculante, tal como se esta
bleció por ley de la Legislatura provincial en vísperas de las elecciones de 2011.La Mesa avanzó también en varios pedidos de informes sobre el avance de las obras y otros aspectos, buscando abrir la compuerta que el Estado mantiene cerrada, respecto al verdadero alcance de las aciones ya emprendidas y a emprender en torno del Proyecto Garabí Panambí. En otro orden de cosas, la visita del diputado nacional ultra kirchnerista Carlos Kunkel, que se habría entrevistado con Closs por orden de Cristina, reafirmó la crisis del alineamiento automático con el kirchnerismo  nacional que había mantenido el Frente Renovador.