PUERTO ESPERANZA. Se cumple hoy un año del macabro hallazgo del cadáver de Liani Itatí Piñeiro (18), en un descampado del barrio Progreso de esta localidad.El único detenido por el crimen, Hernán Céspedes (18), al que en forma contundente apuntaron evidencias genéticas y testimoniales, se quitó la vida en un calabozo, apenas diez días después de conocerse el homicidio y horas antes de declarar ante la Justicia, en Puerto Iguazú.El trágico episodio del suicidio del acusado tiñó de negro una impecable investigación. Por ese hecho se iniciaron las averiguaciones pertinentes en la Policía, quedando prácticamente probado que Céspedes, de 18 años, no fue requisado antes de ser alojado en una de las celdas de la Unidad de Resguardo y Custodia de Detenidos, dependiente de la UR V de Puerto Iguazú. Eso explica, en cierta forma, el hecho de que se hubiera quitado la vida con los cordones de las zapatillas, una negligencia injustificable desde cualquier punto de vista. El joven fue arrestado apenas tres días después del hecho, sindicado como presunto responsable del homicidio. Poco después en contra del muchacho no sólo surgieron pruebas científicas, consideradas de certeza por la Justicia, como su ADN, sino otras de carácter declarativas y elementos secuestrados en distintos allanamientos. Por ejemplo, el testimonio de la novia, quien en un principio dijo que estuvo con él la noche del crimen y después se contradijo, negándolo. El cuerpo forense halló restos de tejido humano debajo de las uñas de la víctima. El examen genético de ese material estableció que el ADN correspondía a Céspedes. También había sangre de la chica en la moto y en algunas prendas de vestir suyas, todo con su correspondiente comprobación científica. Sus familiares, al igual que los de Liani, lloraron su partida, pero resulta imperioso determinar, sin dudas ni engaños, lo que realmente sucedió. Y más allá de rumores, suposiciones o hipótesis, lo cierto es que lo que no se puede probar no cuenta para la Justicia. La causa comenzó a ser investigada por el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Juan Pablo Fernández Rissi, quien posteriormente y al verse afectado por lo que señaló en un escrito como aseveraciones falsas e “injuriosas”, principalmente al ser vinculado con funcionarios políticos, decidió inhibirse. Actualmente el expediente se encuentra en manos de un juez civil y comercial de Puerto Iguazú, Ricardo Gerometta, quien recientemente pidió licencia médica y remitió las actuaciones al Tribunal Penal 1 de Eldorado, que deberá resolver la competencia o jurisdicción de la causa. La última medida por resolverse en la instrucción judicial es una nueva autopsia a la víctima y al acusado, a pedido de sus familiares.
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