LA PAZ, Bolivia (Medios Digitales). Cada vez que hay un linchamiento en Bolivia reaparece la sombra acusadora contra la llamada justicia indígena, que la Constitución de 2009 equiparó con la jurisdicción ordinaria del país.Pero los ajusticiamientos populares de presuntos delincuentes no guardan relación alguna con esa justicia comunitaria. Responden más bien a la universal ley del Talión, al ojo por ojo y diente por diente, en un país sin magistrados en la mitad de su territorio.Dos nuevos casos de linchamiento en poblaciones del Chapare y Potosí estremecieron a los bolivianos hace unas semanas. En ambos casos, turbas descontroladas aplicaron la justicia por cuenta propia, el ojo por ojo. Ningún jilaqata (autoridad indígena del ayllu o comunidad rural) dictó fallo alguno al respecto.Vecinos enfurecidos de la localidad de Ivirgarzama, en la conflictiva provincia del Chapare, prendieron fuego a seis presuntos delincuentes que se hacían pasar por policías.Uno de ellos murió y los otros cinco salvaron la vida de milagro. Días después, escenas similares se repitieron en dos pueblos del departamento de Potosí. En Colquechaca, grupos de exaltados enterraron vivo a un presunto violador y homicida, y en Tres Cruces, vecinos del pueblo quemaron hasta la muerte a dos personas a las que acusaron de asesinar a un taxista.Para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los linchamientos son el resultado de “la profunda crisis del sistema judicial y el estado de indefensión en que se encuentran los ciudadanos frente al aumento del delito y la inseguridad”, según el último informe del organismo sobre derechos humanos.Aunque los casos de linchamientos disminuyeron en 2012 respecto de años anteriores (diez personas murieron a manos de incontrolados), la gravedad del fenómeno no deja de preocupar a las instituciones de derechos humanos.La reaparición A pesar de que representan el 62% de la población de Bolivia, los indígenas fueron invisibles para las autoridades hasta la llegada al poder del aymara Evo Morales, en 2006.Con apoyo popular, el mandatario puso todo su empeño en refundar el Estado boliviano y atender así a las 36 nacionalidades que cohabitan en el país, para lo que impulsó una nueva Constitución, aprobada en 2009 con el 61% de los votos. Esa Carta Magna establece en su artículo 190 que los pueblos indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales mediante sus propias autoridades, y aplicarán sus principios y procedimientos propios.Desde que fue aprobada, sectores de la oposición y algunos medios de comunicación comenzaron a relacionar los ajusticiamientos de turbas incontroladas con la aplicación de la justicia comunitaria.
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