POSADAS. Una década después de llegar al poder, la precariedad laboral y salarial de los empleados públicos misioneros sigue siendo una de las deudas más importantes que aún debe saldar el Frente Renovador.A pesar de tener niveles extraordinarios de crecimiento y expansión económica durante todo este período, el gobierno priorizó la obra pública y soslayó los reclamos gremiales. Los pocos sectores que lograron algunas reivindicaciones lo hicieron a fuerza de rebelión y duras protestas, por ejemplo, la Policía, los docentes y trabajadores de la Salud.Estos tres grupos se ubican entre los empleados públicos mejores pagos del Estado provincial, a pesar que el promedio de sus salarios oscila en los cinco mil pesos de bolsillo o menos, muy por debajo de lo que ganan empleados con la misma tarea en otras provincias. Incluso por debajo de la canasta básica familiar. El básico de estos tres sectores se ubica entre 700 y dos mil pesos, menos de la mitad del neto.La carrera laboral, el estatuto y los concursos brillan por su ausencia. Tampoco se implementan recategorizaciones. La antigüedad estuvo toda la década congelada y debido a la imposibilidad de la emergencia económica, hubo pocos pases a planta (decididos en forma arbitraria) y proliferaron contratos basura de todo tipo: con relación de dependencia, sin relación y monotributistas.Los trabajadores de la Administración Central, Casa de Gobierno y los Ministerios son los más retrasados: muchos de ellos todavía tienen el ingreso básico de 268 pesos y de bolsillo reciben menos de cuatro mil pesos por mes en todo concepto.En total, existe un universo de casi 50 mil trabajadores estatales provinciales, de los cuales, casi el 10% se encuentra con contratos basura, precarizados, sin estabilidad y muchos ni aportes previsionales ni jubilatorios.“El gobernador debería ir ajustando esta realidad. Es cierto que las ultimas recomposiciones vienen siendo remunerativos, pero tenemos diez u once decretos en negro que deberían ir al básico. Tenemos compañeros que no se pueden jubilar porque cobrarán la mitad de lo que ganan hoy y con eso no pueden vivir. Otro tema es la asignación universal, a nivel nacional se incrementó dos veces en el último año y la provincia todavía viene desactualizada”, enfatizó Juan Antúnez, referente de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.Por su parte, Antonio “Toto” Martínez, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó que “tenemos aproximadamente mil compañeros contratados que tienen más de 15 años de antigüedad y el Estado sigue violentando sus derechos sin pasarlos a planta permanente, violando la ley laboral, que establece que con dos años contratados deben pasar a planta”.Los jubilados representan otro sector de la administración pública que ha sido resignado en la década de gobierno del Frente Renovador. La única medida que se tomó en dirección hacia ellos fue para beneficiar a los que mejores ingresos tienen, inyectando dinero levantar los topes y salir paulatinamente de la emergencia previsional.“Tenemos 17 mil jubilados que cobran aproximadamente el 60% de los activos, y reclaman el 82% móvil, como estableció la Corte Suprema de Justicia. La mitad de ellos no puede vivir con su salario y tiene que hacer otras actividades para llegar a fin de mes”, agregó Toto Martínez, adjunto de ATE.Municipios, con realidad disparEntre los 75 municipios misioneros emplean aproximadamente a once mil trabajadores con realidades laborales y salariales muy dispares dependiendo de donde se analice.Los municipios más grandes, con mayor número de empleados y buena porción de la coparticipación, son los que responden de mejor manera ante las exigencias gremiales.Por ejemplo, este año, Iguazú otorgó 500 pesos al básico a las categorías 12 a la 22 elevando a 1.623 el básico de la categoría 12; en Apóstoles hubo un aumento en blanco de 450 pesos; en Oberá entre 550 y 600 pesos también al básico (casi no tienen adicionales en negro); y en San Vicente lograron 25% de aumento. La excepción en este caso es Posadas donde hubo un incremento no remunerativo de menos de 500 pesos.Por otra parte, en el otro extremo, hay alrededor de entre 25 a 30 municipios que prácticamente no tocaron el sueldo básico durante los 10 años de Gobierno del Frente Renovador y sus empleados están en condiciones totalmente precarias, según el secretario adjunto de ATE.Son los municipios más pequeños, ubicados en la Zona Centro de la provincia la mayoría.El básico en la mayoría de estas comunas todavía no se movió de los 168 pesos y los salarios totales que perciben de bolsillo andan en los 2.500 pesos, “son condiciones prácticamente de esclavitud”, añadió Toto Martínez.No llegan a lo establecido por el decreto provincial 411/12 que establece un salario mínimo de 2.825 pesos y más abajo todavía de lo que fijó como mínimo para todo el país el Consejo del Salario, que se ubica en 3.300 pesos.“De los once mil trabajadores que tienen los 75 municipios misioneros, nuestros cálculos estiman que el 35% está contratado y precarizado, totalizan alrededor de 3.500 trabajadores. Por este motivo estamos impulsando el Estatuto Unificado para municipales, que pretendemos que se apruebe en todos los concejos deliberantes para que los compañeros municipales dejen de ser los peones del patrón de estancia y se los dignifique sin importar en qué Municipalidad trabajen”, añadió. Similitudes con los estatales nacionalesSegún datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, quiere decir que no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones.Los datos surgen de un informe encomendado por decreto 312/10) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que determinó el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria. Aunque podrían ser más teniendo en cuenta que 23 de las 183 jurisdicciones se negaron dar información.Por otra parte, la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), estima que suman 571.713 los trabajadores estatales nacionales, según publicó el diario La Nación.Esa misma fuente estima que la cantidad de empleado
s públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012 y que en Misiones serían 63 mil los trabajadores estatales, entre provinciales y municipales.En tanto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones.Al igual que la provincia, el Estado nacional precariza a los trabajadores de diferentes maneras: no existen concursos para ingresar a planta permanente sino que se decide arbitrariamente; también proliferan contratos con y sin relación de dependencia y los conocidos casos de monotributo.Como conclusión, algunos gremialistas nacionales consultados afirman que los gobiernos utilizan la precarización laboral como herramienta de disciplinamiento político y de esta manera se evitan dos problemas: reclamos salariales y que los empleados participen en política para otras fuerzas.No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse a causa de la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que publicó días atrás este diario, el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6.000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2.850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $2.875.
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