POSADAS. El Gobierno nacional sospecha que algunos productores sojeros podrían intentar cruzar parte de su producción de contrabando, para venderla en Brasil o Paraguay, por eso estableció una serie de medidas que endurecen el comercio bilateral con el país guaraní.El interés del Gobierno no es la soja, sino los dólares que le deja el impuesto a las exportaciones; pero necesita que las ventas se realicen “en blanco” a través de la Aduana; por ello busca trabar cualquier posibilidad de comercio informal.Funcionarios de AFIP-Aduana tienen firmes indicios de que por las provincias fronterizas Chaco, Corrientes y Misiones se han “fugado” miles de toneladas de soja, lo que disminuyó sus ingresos por las retenciones a las exportaciones.A raíz de esto, las compañías navieras y las empresas guaraníes dedicadas al comercio exterior salieron a rechazar la medida de la AFIP que obliga a tramitar una nueva declaración jurada para cada exportación e importación que Paraguay transborde en los puertos argentinos.La nueva normativa del organismo fiscal que comanda Ricardo Echegaray, que entró en vigencia hace diez días, establece que las agencias marítimas y las empresas navieras deberán presentar una declaración jurada de los importadores y exportadores, tanto para las cargas que pasan “en tránsito” hacia Paraguay, como para las ventas al exterior que se transbordan en territorio argentino.Hasta mediados de marzo, las operaciones de transbordos de las cargas paraguayas en las terminales portuarias locales se efectuaban con la presentación de una simple declaración informativa. Pero a partir de ahora, con el nuevo mecanismo que impuso la administración kirchnerista las empresas de Paraguay deberán entregar una declaración jurada que no sólo implicará un costo adicional de 33 dólares por cada tipo de producto transportado, sino que además revelará a los funcionarios argentinos datos comerciales clave acerca de los montos y los compradores y vendedores que operan en el comercio exterior del vecino país.El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFM) del vecino país, Guillermo Ehreke, advirtió que la nueva exigencia argentina “constituye otra vuelta de tuerca del gobierno de Cristina Kirchner contra Paraguay”. Agregó que “la medida generará innumerables problemas operativos porque las agencias marítimas y los barcos no pueden acceder a toda la información detallada de las operaciones comerciales que concretan los importadores y exportadores”. Una tonelada de soja cuesta cerca de 515 dólares, que el chacarero la vende a la cotización oficial de nuestro país: 5,13 pesos por cada dólar. A ese monto el productor agropecuario tiene que descontarle el 35% por las retenciones, con lo cual el tipo de cambio para los chacareros termina siendo de 3,26 pesos. Si logran pasar las toneladas de soja a Paraguay, las pueden colocar al precio internacional, para una vez que regresan el dinero a Argentina, cambiarlo a 8,30 pesos, la cotización del mercado paralelo.
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