BUENOS AIRES (NA). El Gobierno lanzó una nueva moratoria para saldar deudas impositivas, aduaneras y de recursos de la seguridad social hasta en diez años, que beneficiará a más de 1.710.000 contribuyentes, pero dejó afuera a evasores denunciados penalmente y a las grandes cerealeras.Los contribuyentes podrán formular el plan de pagos con la AFIP hasta el 31 de julio y tendrán para optar por programas de hasta 120 cuotas, con una tasa de financiación del 1,35% mensual.La iniciativa beneficiará a 1.713.355 contribuyentes, de los cuales 1.709.065 tienen deudas de hasta 1 millón de pesos, y de ese total casi el 99% son pequeñas y medianas empresas.Con esta moratoria el Gobierno podría recaudar varios miles de millones de pesos, según el grado de adhesión que tenga la iniciativa y busca aliviarle la mochila de deudas a las empresas para que mantengan sus plantillas de empleos en un contexto de cautela, por el freno que sufrió el crecimiento económico de Argentina en los últimos meses.No obstante, los evasores y morosos denunciados penalmente por la AFIP y las grandes cerealeras que no hayan contado con preanotación de granos, no podrán ingresar a este plan lanzado por el Gobierno para regularizar sus deudas hasta en 120 cuotas.La presunta evasión tributaria de 244 millones de pesos del Banco HSBC -denunciado también penalmente por el supuesto lavado de dinero equivalente a 392 millones de pesos- fue utilizado como testigo por el Gobierno para presentar la iniciativa.Así lo sostuvo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa en la sede del organismo, al brindar detalles del Plan de Regularización Fiscal Impositivo, Aduanero y de la Seguridad Social.Grandes deudores, afueraOtro sector excluido del beneficio es el de las grandes empresas exportadoras de granos, tanto nacionales como internacionales, por la millonaria deuda tributaria denunciada en 2007 y que aún mantienen con el fisco argentino.Cargill le debe al Estado unos 228 millones de dólares; Bunge adeuda 126.378.759 de pesos; la aceitera general Deheza cuenta con un pasivo de 48 millones y la firma LDC, con uno de 141 millones; Molinos Río de la Plata, en tanto, adeuda 197 millones de pesos; y Oleaginosa Moreno, tiene 17 millones en rojo.Este sector, según reafirmó Echegaray, “no quedó incluido en este acuerdo fiscal porque son cuestiones que frente a una avivada, no le podemos dar un plan de facilidades de pago, sí un plan de regularización para mantener el empleo”.Aclaró, además, que “no pueden ser reformulados los planes del acuerdo fiscal de 2009, dado que entonces hubo condonación de multa e intereses”.Echegaray puntualizó que pueden ser incluidas en dicho plan “la deudas derivadas de ajuste de inspección”, por lo que pidió a los contribuyentes que “aprovechen esta ocasión para conformar el ajuste e incluir esa deuda dentro de este plan de pago”.Asimismo, se pueden incluir “las deudas que están en discusión en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, pero siempre y cuando el contribuyente se allane”.La resolución general 3.451, publicada en el Boletín Oficial, indica que el plan de desendeudamiento se implementará para cancelar las obligaciones vencidas hasta el 28 de febrero pasado.No aplicarán Ley AntiterroristaRicardo Echegaray negó que el Gobierno evalúe aplicar la Ley Antiterrorista para obligar a productores sojeros a vender toda la cosecha y que de ese modo ingresen dólares a la economía.“Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la ley penal tributaria”, afirmó Echegaray en conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.El titular de la AFIP no aclaró sin embargo cómo se aplicaría la ley Penal Tributaria para obligar a los productores a vender su cosecha y permitir la entrada de divisas, que el Gobierno necesita cada vez más para hacer frente a las importaciones de combustibles y el pago de deudas. Versiones periodísticas habían indicado que la administración de Cristina Kirchner analizaba aplicar la norma para apurar las ventas de la soja que, según el propio Gobierno, los productores están guardando a la espera de mejores precios. Cierto es que en la Casa Rosada esperan un mayor ingreso de divisas ante la alta demanda en un mercado interno que viene moviéndose fuerte en el sector informal, con un dólar en torno a los 8,35 pesos.
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