PUERTO IGUAZÚ. Liani Itatí Piñeiro fue hallada asesinada el 12 de julio de 2012 en un descampado del barrio Progreso, de Puerto Esperanza. Siete días después era detenido Hernán Céspedes, sindicado como presunto responsable del homicidio.El 22 de ese mes trascendía la noticia de que el muchacho, de 19 años, se había ahorcado en una celda de la Unidad de Custodia y Traslados, dependiente de la Unidad Regional V, con asiento en Puerto Iguazú.La impericia y negligencia policial permitió la muerte del principal sospechoso y tiñó de negro una investigación impecable.En contra de él no sólo había pruebas científicas, consideradas de certeza por la Justicia, como su ADN, sino otras de carácter declarativas y elementos secuestrados en distintos allanamientos.Por ejemplo, el testimonio de la novia, quien en un principio dijo que estuvo con él la noche del crimen y después se contradijo, negándolo.El cuerpo forense halló restos de tejido humano debajo de las uñas de la víctima. El examen genético de ese material estableció que el ADN correspondía a Céspedes.También había sangre de la chica en la moto y en algunas ropas de él, todo con su correspondiente comprobación científica.Estas y otras forman parte del andamiaje probatorio de la causa, que hacen imposible la vinculación de Céspedes con el hecho.Es lamentable lo que ocurrió con este chico tras su detención. Sus familiares, al igual que los de Liani por ella, lloran su partida, pero resulta imperioso determinar, sin dudas ni engaños, lo que realmente sucedió. Y más allá de rumores, suposiciones o hipótesis, lo cierto es que lo que no se puede probar no cuenta para la Justicia. Una negligencia grave que no tiene responsablesLa muerte del único sospechoso detenido en la causa, Hernán Céspedes, marcó un punto de inflexión en la investigación por el crimen de Liani Itatí Piñeiro.Un hecho lamentable, perfectamente evitable. Según consta en la causa, el joven se ahorcó “con el cordón de sus zapatillas”. No era imperioso ser un iluminado, guardiacárcel o experto en seguridad para saber que el detenido podía adoptar una actitud suicida y requería custodia las 24 horas en el acceso a su celda, sin ningún elemento a su alcance para lograr ese objetivo.No obstante, como reza un antiguo adagio popular, “el hilo se corta siempre por lo más fino” y el subalterno que estaba al cuidado del pabellón, fue el único imputado por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, como si actuara solo y no recibiera órdenes de la cúpula de la Unidad Regional V.No falta mucho para que se cumpla un año del horrendo homicidio que sacudió a Puerto Esperanza en particular y a Misiones, en general. Pese a ello, se desconoce si la Justicia cerró la instrucción por las responsabilidades que le pudieron corresponder a los policías ni si fueron sancionados. Pero lo cierto es que deberían ser sancionados no sólo en el plano administrativo sino, fundamentalmente, en el marco de la Justicia.El caso Céspedes no fue ni será el único. De hecho, hay otros igual o más graves, como el ocurrido en Puerto Rico, donde sustrajeron una tonelada de marihuana de la comisaría seccional Primera sin que haya responsables funcionales.Es más. El por entonces jefe de la UR IV fue premiado con un cargo que apenas estaba creado pero operativamente inexistente.
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