POSADAS. Por mucho tiempo (35 años) Posadas fue una isla al permitir la existencia de cabaret y whiskerías, donde al margen de la habilitación -y por la misma norma- se exigía a las mujeres (señaladas como alternadoras) que trabajaran en esos locales la obtención y control periódico de sus libretas sanitarias, es decir, ya no un curso de manipulación de bebidas alcohólicas, sino que lo que se reclamaba era el análisis médico VDRL, (para la determinación de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual). Pero hay algo más, la ordenanza vigente era una abierta violación a la Ley nacional 12.331, en cuyos artículos 15 y 17 expresamente se establece la prohibición y las penas en este tipo de locales o de regenteo de la prostitución. Obviamente también se contradecía con la recientemente aprobada Ley nacional 26.364 (de lucha contra la Trata de Personas) a la que la provincia de Misiones adhirió y que prohíbe de forma inmediata la existencia de estos locales y promueve su clausura. Este “marco jurídico” anterior, que sin dudas era una evidente muestra de tolerancia la facilitación a la prostitución en la Capital provincial, quedó derogada por decreto del Ejecutivo en enero último, en el marco de una movida legislativa que la jerga se empezó a denominar “whiskerías cero”. El decreto en cuestión había sido promulgado días después de los allanamientos llevados por la Justicia Federal en la whiskería Karin, donde también se detuvo al propietario, su esposa y a la encargada del local. Se les había iniciado una causa por supuesta trata de personas, algo que finalmente la Justicia Federal desestimó y ahora los imputados deberán someterse a la Justicia provincial. “De alguna manera había que poner fin a esta aberración jurídica y como no se lo podía hacer por ordenanza, ya que el Concejo capitalino estaba de receso, se tuvo que hacer por decreto”, dijo el concejal renovador José Raúl Moglia cuando se le consultó por qué la ordenanza no se derogó como se debe, es decir, con otra ordenanza municipal. “Para el caso, un decreto no alcanza un rango superior a una ordenanza municipal. Si la ordenanza municipal autorizaba esta suerte de prostitución solapada dentro de un comercio, se tendrán que hacer cargo los que promulgaron y también los que mantuvieron vigente esta ordenanza por más de treinta años”, fue la demanda del abogado que representa a los acusados de facilitación a la prostitución en el caso Karin, Hugo Zapana.“Por un lado, un concejal que anuncia que el intendente derogó por decreto una ordenanza que facilitaba la prostitución, lo cual celebro, pero hay que hacerlo como corresponde”, reclamó el jurista quien -de los siete u ocho causas judiciales relativas a la Trata de Personas- obró como defensor de los acusados en cuatro oportunidades distintas. En cualquier caso, el debate social actual para discutir y analizar las prácticas prostituyentes y la explotación sexual, tras el escandaloso caso de Marita Verón, es el que derivó en la creación de legislación de no tolerancia a la facilitación de la prostitución, al que las provincias se van ajustando. Pero al ser una problemática complejísima, con muchísimas aristas y que requiere ser trabajada desde todos los enfoques: jurídicos, social, económico, y otros; PRIMERA EDICIÓN se entrevistó con abogados, concejales, antropólogos sociales, sacerdotes y la coordinadora de la Coalición Alto a la Trata para introducir al debate a sus lectores y poner sobre la mesa algunas cuestiones de un problema que requiere profundo conocimiento y análisis para ser erradicado. Proyecto prohibitivo y de castigo al clienteEl intendente de Posadas, Orlando Franco, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo capitalino mencionó la elaboración de un proyecto prohibitivo para cualquier tipo de oferta sexual y mencionó la cuestión de multar a quienes paguen por sexo. Una idea de avanzada para esta sociedad, sin duda, y que se está aplicando en algunas ciudades europeas, donde condenan a los clientes con duras penas. Hasta ahora Argentina ha demostrado ser de la línea abolicionista, donde por un lado la prostitución no es un delito, pero se castiga todo lo que tenga que ver con su promoción. “En los allanamientos que se hacen en las casas de citas se habla y se detiene al facilitador, al explotador, al administrador del boliche, a las mujeres, es como si no hubiera clientes que estuvieran participando allí. Estos personajes desaparecen como si en la complicidad del acto sexual no tuvieran nada que ver. El cliente debe ser castigado porque es el que habilita el mercado. Si no hubiese demanda, no habría oferta. Así de sencillo. Es como si tuviésemos una ambigua legislación en ese sentido”, sintetizó la antropóloga social Lidia Schiavoni, cuya mirada crítica formará parte se la siguiente entrega de este informe. La propuesta del alcalde posadeño pronunciada en su discurso fue contundente: “No vamos a facilitar el delito de la trata de personas bajo cualquiera de sus formas; por eso dispuse la cancelación definitiva de la habilitación de un local de la avenida Quaranta, luego de que la Justicia Federal -allanamiento mediante- empezara a sustanciar un causa por ese delito con fines de explotación sexual. En ese sentido, como complemento de una normativa que considerará el Concejo, para prohibir la instalación, habilitación y funcionamiento de establecimientos en los que se facilite cualquier tipo de oferta sexual, enviaré en breve un proyecto para considerar infractores a quienes se sorprenda como clientes en los lugares donde, a pesar de la prohibición pudiera promoverse esta práctica, en consecuencia sean susceptibles de onerosas multas aplicadas por nuestra Justicia de Falta”, fueron sus textuales palabras. El concejal Moglia, en tanto, sobre su proyecto fundamentó que “hoy la necesidad imperiosa de esta Argentina, de esta ciudad en crecimiento -aún más en zona de frontera- no se debe fomentar y menos permitir este tipo de actividades. Las sociedades cambian y a futuro no sabemos a qué cambios sociales nos vamos a tener que enfrentar y habrá que legislar de otra forma. Pero si vemos la experiencia a nivel mundial todos los marcos jurídicos apuntan a luchar contra la facilitación a la prostitución.Realmente este es un flagelo, es la esclavitud del siglo XXI y por eso desde el Estado brindamos esta herramienta. Es un granito de arena, pero creo que para la situación actual, esta ordenanza va a hacer su aporte.Esta ordenanza colabora muchísimo aportando la parte técnica y jurídica que
de por sí es necesaria. Había una norma que lo fomentaba, entonces es muy saludable que ahora con otra norma se prohíba. Vulnerabilidad“¿Quién hoy no está en situación de vulnerabilidad? ¿Qué trabajador, salvo que gane 20 mil o 30 mil pesos? Pasa que nos dimos cuenta de que había pobres en el interior después del caso de María Ovando, la pobreza existe”, reclamó el abogado Hugo Zapana, para quien “cabarets hay en todo el mundo, ahora es otra cosa que se lo desnaturalice, y aquí estaba siendo desnaturalizado por una ordenanza municipal, en locales perfectamente habilitados y que recibían inspecciones cada quince días de la Municipalidad, de la Policía”, fustigó. “Aquí se debe combatir la trata de personas con personas capacitadas y con la ley en la mano, no jugando a ladrones y policías. “Con el procedimiento realizado (refiriéndose al allanamiento de Karin), que esta plagado de irregularidades, lo lamento pero así no van a combatir la trata de personas”, sostuvo.“La prostitución, mal que le pese a la Iglesia, no es delito, si formó parte del elenco de contravenciones que en el mismo Código de Faltas de la ciudad (es increíble) -opinó Zapana- sanciona a la prostituta, es una misma ciudad que aceptó por décadas la figura de “alternadora”. “El tema clave en esta lucha son los clientes”“La ley intenta proteger a las víctimas, pero el tema clave son los clientes”. En estos términos, en sacerdote jesuita Pablo Ferreiro (cuya orden forma parte de la coalición Alto a la Trata) describió su postura sobre cómo se puede poner freno a la facilitación de la prostitución, la prostitución infantil, el turismo sexual y la trata de personas. Si se quiere, este padre Jesuita tiene desde su labor de pastor un trabajo muy comprometido en la lucha contra la violencia, la facilitación a la prostitución y la trata de personas.Sobre la norma “whiskerías cero”, el sacerdote argumentó que “es un primer paso para erradicar la trata, ya que las víctimas son explotadas de forma encubierta en whiskerías, bares y otros. Pero es sólo el primer paso. Pienso que en esta zona el efecto de la ley es casi nulo, ya que los explotadores buscan nuevas formas de ofrecer a las víctimas de trata o explotación sexual. Es frecuente ver mujeres (mayores y menores) en la esquina de nuestra parroquia custodiadas por proxenetas a pocos metros de donde se ofrecen. Entonces, la ley intenta proteger a las víctimas, pero el tema clave son los clientes. Estos deben ser penalizados en alguna forma y sus encubridores también”, apuntó.Para Ferreiro, la trata y la explotación con fines sexuales “es el síntoma de una sociedad prostituyente. Así se tergiversan los valores esenciales de nuestras familias y de la vida en común. La crisis de valores se radicaliza en el espantoso negocio de la trata y la explotación sexual. Es un negocio para los proxenetas, un infierno indecible para las víctimas y un ejercicio de la perversión para el cliente”, sentenció.“Acá el problema principal es la demanda, es decir, el cliente. Personas sin escrúpulos y enfermas que buscan satisfacer sus desviaciones con menores, de forma casi incestuosa. Son gente que frecuenta el turismo sexual, que para la Iglesia es una de la formas más abyectas de estas desviaciones que devastan desde el punto de vista moral, psicológico y sanitario la vida de las personas. La trata de seres humanos por motivos sexuales o para trasplante ilegal de órganos, así como la explotación de menores, su abandono en mano de personas sin escrúpulos, el abuso, la tortura, también se producen en el contexto del turismo sexual, que en Misiones tiene oferta, porque hay clientes”.Víctimas olvidadasPero por el cliente no podemos olvidar nunca que las víctimas, quienes, pese a la multitud de declaraciones de intenciones, siguen siendo olvidadas y desechadas como una “mercadería” que ya no es útil para nadie. No conozco todavía un proyecto integral para su rehabilitación y reintegración, más allá de las dádivas, subvenciones y cursos sin ningún impacto en la vida de estas personas. “Es necesario un examen serio de los estilos de vida y de los modelos de comportamiento, especialmente con respecto a la imagen de la mujer, que son los que generan la explotación sexual”.
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