Liberaron a Sergio Schoklender pero sigue imputado en la causa

BUENOS AIRES (DyN). La sala I de la Cámara Federal porteña otorgó la excarcelación al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, que está procesado con prisión preventiva en la causa por supuesto desvío de fondos públicos en esa entidad, informaron hoy fuentes de los tribunales.La libertad de Schoklender, encerrado en la cárcel federal de Ezeiza y, según aseguró, en huelga de hambre, repite lo ocurrido el martes pasado, cuando el mismo tribunal de alzada excarceló a su hermano menor, Pablo, y al contador y ex socio Alejandro Gotkin.Los camaristas han ordenado las excarcelaciones por considerar que no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación estando en libertad, una posibilidad que atribuyeron a un “simple pronóstico” del juez de primera instancia, Norberto Oyarbide.Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero coincidieron en que desde junio del año pasado, cuando ya habían liberado a Schoklender, hasta ahora no cambiaron las circunstancias para volver a detenerlo.“Las fundamentaciones en torno a las maniobras de vaciamiento de documentación que denunció la Fundación, el temor de los testigos, la existencia de diligencias probatorias pendientes de producción y el hecho que aún resta determinar la participación de otras personas en los hechos pesquisados, todos ellos extremos valorados por el juez, no configuran una modificación de la situación procesal de Schoklender”, señalaron los camaristas.También dijeron en el fallo que en la denuncia por presuntas amenazas a Hebe de Bonafini, titular de las Madres, Schoklender no está imputado a la fecha, por lo que “nos impide disponer una medida cautelar tan gravosa como lo es la prisión preventiva”.Por su parte, el camarista Eduardo Farah sostuvo que Oyarbide “no ha logrado fundar y probar objetivamente la peligrosidad procesal de Sergio Schoklender”.Los hermanos Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y Gotkin fueron detenidos el 15 de febrero pasado, cuando Oyarbide los procesó como supuestos jefes y organizadores de una asociación ilícita que habría desviado millonarios fondos de la entidad, que estaban destinados por el Estado a la construcción de viviendas sociales.Así, los magistrados habían entendido que el miedo a que obstruyan la causa era un “simple pronóstico” de Oyarbide.