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Coparticipación: Misiones poco favorecida en 2012

11 febrero, 2013

POSADAS. A pesar de que el gobernador Closs mantiene y defiende sus relaciones carnales con el Gobierno nacional, la provincia de Misiones se mantiene en el lote de las que menos recursos reciben por coparticipación federal, sin poder mejorar este indicador hace mucho tiempo.El Gobernador provincial recibió durante 2012 un total de 5.062 pesos por cada habitante en concepto de coparticipación, a esto debería sumarle los fondos de la recaudación propia, los fondos por las retenciones a la soja y los planes de asistencia a los habitantes (como Asignación Universal, pensiones no contributivas, etc) y el financiamiento de algunas obras.Misiones se ubica en el sexto lugar entre las que menos reciben, sólo superando a los distritos de Ciudad  Autónoma, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, que recibieron menos dinero por cada habitante.En la cima de la pirámide se encuentra Tierra del Fuego, que obtuvo por estas transferencias automáticas 14.959 pesos para cada habitante, en el otro extremo, los ciudadanos de Buenos Aires recibieron sólo 2.103 en 2012. Más abajo todavía, en el piso, se encuentran los de Capital Federal, con 1.073 pesos, aunque esta jurisdicción tiene algunas particularidades en la coparticipación que los beneficia.Córdoba se encuentra tercera entre las de menor coparticipación per cápita (4.317 pesos), después de Mendoza y Buenos Aires. El dato es similar a Santa Fe, con 4.560 pesos.Los envíos de la Nación a las provincias mediante la Coparticipación y Leyes Especiales acumularon durante 2012 unos 170.211 millones de pesos, 26,9% más que el año anterior.Pero esta distribución (que no incluye el reparto del Fondo Federal Solidario con parte de las retenciones a la soja) mantiene grandes diferencias entre las distintas provincias, según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).El trabajo remarca que la diferencia entre las dos provincias que están en los extremos de los recursos recibidos per cápita es de siete veces (Tierra del Fuego y CABA).El Iaraf subraya las disparidades incluso dentro de jurisdicciones similares. Un habitante de Catamarca (10.745 pesos) o Formosa (10.664) recibió casi el doble que uno de Salta o de Misiones (5.067), siendo que las tres tienen características similares en cuanto a nivel de ingresos y densidad poblacional. Entre el grupo de baja densidad y altos ingresos, los pobladores de Tierra del Fuego obtuvieron casi tres veces el monto de sus pares de Chubut (5.846 pesos per cápita) o Neuquén (5.279).Las menores disparidades se produjeron en el segmento de bajos ingresos y alta densidad: Chaco (7.749) contra Misiones (5.062).La hora de discutir la coparticipaciónNadín Argañaráz, economista y director del Iaraf (instituto que realizó el informe) señaló que cada vez que empiezan a escasear los recursos, comienzan a surgir voces que plantean de manera directa o indirecta la necesidad de rediscutir el esquema fiscal federal argentino.“Han pasado 16 años desde la fecha en que, según el mandato constitucional, debiéramos haber tenido una nueva ley de distribución de recursos fiscales, lo que pone de manifiesto que no es para nada un tema sencillo. Y si bien tiene base económica, es una discusión de alto voltaje político”, señaló.El especialista opinó que “un aspecto central se relaciona con la cuantificación de lo que recauda y lo que gasta cada nivel de gobierno. Una estimación reciente realizada en el Iaraf indica que aproximadamente el 75% de toda la recaudación argentina queda en manos del Gobierno nacional, que gasta el 54% del total del gasto público del país”.“Es decir que hay 21 puntos porcentuales sobrantes que la Nación debe distribuir a provincias y municipios y lo hace a través de sistemas de transferencias verticales, principalmente por la Ley 23.548 sancionada en el año 1988”.“Los gobiernos provinciales gastan 16 puntos porcentuales más que lo que recaudan de manera propia y los municipios unos cinco puntos porcentuales más. Entonces, sí o sí necesitamos un sistema de transferencias, pero que funcione eficaz y eficientemente”, indicó Argañaráz.“Una consecuencia directa de esta situación es la suba sustancial y generalizada de la presión tributaria provincial, que ya llega a niveles muy elevados (…). Se aprecia en prácticamente todos los sectores económicos un fuerte incremento en la presión del Impuesto a los Ingresos Brutos”, enfatizó.Argañaráz explicó que “las subas aplicadas tienen el agravante que acentúan el carácter distorsivo de este tributo”. El último reclamo de Buenos AiresEl gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a través de su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, fue el último que destapó la polémica por la distribución de fondos al solicitar hace diez días al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, “rediscutir la Ley de Coparticipación Federal” y “la eliminación del tope” al denominado “Fondo del Conurbano” bonaerense.Pérez -en su carácter de jefe e Gabinete de Scioli- envió una carta a Domínguez solicitando “una audiencia para dialogar sobre dos asuntos trascendentes para nuestra provincia”.“Se trata de la necesaria rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal vigente, así como la eliminación del tope de 650 millones de pesos que se destinan a nuestra provincia por el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense”, señala la misiva.Pérez apeló a Domínguez “en su doble carácter de Presidente de la Cámara de Diputados y hombre de la provincia de Buenos Aires”.Después señaló que “en mi carácter de jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires asistiría al encuentro acompañado por la ministra de Economía, Silvina Batakis”. “En tal sentido, conocedor de su clara vocación bonaerense, no dudo que usted estará abierto a recibir nuestras ideas y anteproyectos, en el marco de un diálogo franco y muy necesario”, aseguró el jefe de Gabinete en la carta. De esta manera, Scioli se mantuvo fiel a su estilo de evitar una confrontación con la Casa Rosada por los fondos que recibe de Nación, polémica que tuvo su mayor tensión en junio del año pasado, cuando le limitaron la ayuda para pagar aguinaldo a estatales bonaerenses luego de que anunciara su intención de postularse a la Presidencia en 2015. Scioli admitió en los últimos meses “diferencias” con algunas políticas de
l Gobierno pero a su vez ratificó su alineamiento a la presidenta Cristina Fernández. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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