POSADAS. El Gobierno entregó en los últimos días otro millonario aporte a la Fundación Asuntos Agrarios, para que destine a proyectos productivos. Esta fundación está compuesta casi en su totalidad por funcionarios del Ministerio del Agro y se desconocen los mecanismos que utiliza para repartir los créditos o subsidios que distribuye con los aportes del Estado.Muchas veces se escuchó a productores y referentes de pequeñas cooperativas quejarse y mencionar que la Fundación reparte con criterio político primero a los amigos y referentes que trabajan en el esquema del Gobierno, y recién después observa los proyectos que solicitan subsidios.A través del decreto 1992/2012 el gobernador Closs aprobó la entrega de un aporte no reintegrable a favor de la polémica fundación por la suma de $ 1.750.000, supuestamente destinado a “financiar los proyectos productivos presentados por comunidades aborígenes, consorcios, asociaciones y cooperativas, que beneficiarán a pequeños productores radicados en distintas localidades del interior de la provincia, en el marco del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)”.El decreto señala que “en la jurisdicción diez obligaciones a cargo del tesoro – se cuenta con partidas presupuestarias que permite otorgar el aporte, debiendo realizarse una incorporación presupuestaria en el presupuesto vigente del Ministerio del Agro y la Producción”.Se indica además que “no existen objeciones que formular en los presentes actuados y atentos a la disponibilidad presupuestaria existente a la fecha”.Firman el decreto el gobernador Closs, el ministro de Hacienda Daniel Hassán y el ministro del Agro, Néstor Ortega.Historia de dudas y polémicasLa Fundación Asuntos Agrarios (FAA) es una ONG del Estado provincial que tiene como presidente a quien se encuentre en el cargo de ministro del Agro y la Producción. Fue creada hace 25 años con el objetivo de canalizar los fondos que llegan a la provincia a través de programas nacionales. En lugar de entregar a otras entidades, con esta figura jurídica, la Provincia a través del Ministerio del Agro legaliza el manejo de millonarios planes productivos.Con total discreción, la enigmática Fundación recibe y maneja cerca de 10 millones de pesos al año que llegan a través de programas, en su mayoría financiados por el Fondo Especial del Tabaco y otros por aportes del Estado provincial, como en este caso.El objetivo es generar nuevos emprendimientos productivos para beneficiar a los productores agrarios de la provincia. Un hecho casual levanta sospechas y llama poderosamente la atención al revisar sus antecedentes: en los años electorales la Fundación recibe el doble de fondos de lo que venía manejando años anteriores.MecanismosNo se conocen los mecanismos que tiene la entidad para decidir cómo distribuye esos fondos.Hubo algunos planes administrados por la Fundación fueron observados por contadores del Tribunal de Cuentas al no poder justificar diversos gastos. Casi todos los planes que maneja la Fundación, al rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, presentan gastos imposibles de comprobar ya que se presentan como gastos varios.Con el dinero que recibe la Fundación realiza generalmente dos cosas: lo administra y realiza tareas de capacitación a los productores con personal que también trabaja para el Ministerio del Agro, o lo distribuye entre cooperativas amigas con integrantes que en muchos casos son terminan apareciendo luego como punteros o candidatos de la Renovación.Los gastos y su controlEl control de los gastos de la Fundación es muy inferior al que tiene por ejemplo un Ministerio.La FAA no tiene sede propia ya que funciona con las mismas oficinas del Ministerio del Agro. Los integrantes de la Fundación son casi la totalidad funcionarios del gobierno renovador, encumbrados en los más altos cargos, y empleados profesionales o técnicos de la cartera agraria que realizan las tareas de campo en las chacras. Es prácticamente un ministerio paralelo con un presupuesto paralelo.Desde el año 2000 en adelante la FAA recibió más de 70 millones de pesos. Lo más insólito es que la fundación está integrada por el Gobierno y debe ser controlada por los integrantes de la Fundación -que son funcionarios- y por instituciones del Estado que responden al mismo gobierno.
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