BUENOS AIRES. Ocho efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires fueron separados de sus cargos por su presunta vinculación con la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, quien fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, informaron fuentes del caso al sitio Online-911.Se trata de los subcomisarios Néstor Guillermo Díaz, quien hasta ayer prestaba servicios en la comisaría Primera de Esteban Echeverría; y su par Ariel Alfredo Herrera, que desempeñaba funciones en la seccional Cuarta de Morón.La medida dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, también alcanzó a los subtenientes – de la comisaría Primera de Lomas de Zamora, Sergio Oscar Fecter; y Daniel Alberto Vázquez, de la dependencia con jurisdicción en Lomas Segunda. Además fueron apartados de su cargo son los oficiales inspectores Martín José Monte, quien prestaba servicios en el destacamento Pompeya -con destino de cabecera Merlo -, y José Márquez, en la comisaría Segunda de Morón. En tanto que los dos restantes uniformados son los oficiales de policía Damián Marcelo Sotelo, y Hernán Gabriel Zeliz, numerarios de las comisarías Primera y Tercera de Morón, respectivamente. Según se indicó los ocho uniformados, que prestaban servicios en el momento de la desaparición del joven en la comisaría Segunda de Laferrere, fueron pasados a disponibilidad, "en el marco de la Investigación Sumarial Administrativa" iniciada por la Auditora General de Asuntos Internos de la cartera de Justicia y Seguridad bonaerense, "sin perjuicio de las acciones administrativas que pudieran resultar", quedando a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos, Organización y Procedimientos. Al respecto, desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), estimaron que “que aunque tardío, esta iniciativa es un paso necesario para el pleno esclarecimiento del hecho y la sanción a los responsables”, según el mencionado sitio. En ese contexto manifestaron que “la demora en esta decisión fue un mensaje de impunidad del poder civil hacia la fuerza policial tanto en este caso como en la repetición de prácticas violentas e ilegales de la bonaerense, en especial sobre los jóvenes pobres de nuestra provincia”.Reunión con el GobernadorCabe recordar que la CPM ha acompañado a la familia Arruga en la denuncia y sus reclamos y ha llevado su caso ante organismos internacionales. Asímismo, ha gestionado la audiencia con el Gobernador provincial, "quien la concedió tres años y medio después de la desaparición forzada de Luciano. En esa reunión se reiteró la necesidad de una clara y enérgica acción del Ejecutivo frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad".“Desaparición forzada”Los últimos pasos dados en la causa, tales como el cambio de carátula aceptando que se trata de una desaparición forzada, el pase a la Justicia Federal, la detención de un policía por las torturas aplicadas a Luciano en un hecho anterior a su secuestro, y este pase a disponibilidad de los policías implicados, "son hechos concretos en la búsqueda de justicia. No obstante sostenemos que el daño realizado en la investigación, tanto por la primera fiscal como por las demoras del Ejecutivo provincial y las protecciones “no dichas” pero si verificadas en la práctica a estos policías sospechados, dañaron sustancialmente la capacidad de conocer la verdad y por lo tanto de conseguir justicia", informaron desde la CPM.Por último, añadieron que "ahora es necesario que el Ejecutivo complete la investigación administrativa y que este personal sea exonerado de la fuerza y que la justicia tenga la iniciativa suficiente y necesaria para romper el círculo de impunidad que se había estrechado sobre la desaparición forzada de Luciano". El pasado jueves se cumplieron cuatro años de este lamentable hecho.
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