POSADAS. Desde la Policía y el Poder Judicial son muchas las voces que coincidieron en que es necesario crear la “figura de testigo protegido” en la legislación vigente. Los investigadores consultados por PRIMERA EDICIÓN indicaron que esta herramienta legal será de gran ayuda en las causas penales excepcionales, como ser los recientes casos del homicidio del remisero Miguel Ángel Rojas o del empresario avícola Jorge Manfredi. En ese sentido expresaron que los testimonios que aporten las personas protegidas por esta ley serán igual de beneficiosos que los instrumentos de alta precisión tecnológica, todo para sumar elementos que a la larga, pueden llegar a esclarecer una causa. En varias provincias del país, como ser en Buenos Aires, está en pleno funcionamiento dicha figura, con los resultados a la vista, señalaron los pesquisas consultados. “Hay mucho miedo”Un alto funcionario judicial que estuvo en contacto con recientes y resonantes crímenes en la provincia, reveló que “es cada vez más necesario una iniciativa de esta naturaleza, un testigo protegido contribuye en la investigación enormemente. Más teniendo en cuenta las nuevas formas de criminalidad que están emergiendo desde hace un tiempo en la región, como ser delitos relacionados al narcotráfico. Misiones no se puede comparar con México o Colombia, sin embargo sabemos muy bien que los delincuentes en el mundo de las drogas están organizados y se mueven en células, por lo que la gente tiene temor de declarar. Cuando viajamos al interior y en zonas fronterizas esto es palpable, la gente sabe que nosotros vamos a investigar y regresamos, sin embargo ellos tienen que seguir viviendo en el pueblo. Hay mucho miedo”, reveló. Se debe agregar que esta figura también en cierta medida contribuye a resolver delitos que se cometen abusando del poder. De ponerse en marcha un proyecto de ley para que funcione la figura del testigo protegido, se debe garantizar la integridad física, la libertad y la vida de quienes intervengan como testigos o aporten información relevante en procesos vinculados con casos de criminalidad organizada, delitos graves cometidos mediante el abuso de poder o causas de gran conmoción social. Para ello, los investigadores aclararon que se debe ser extremadamente discreto si se introduce en un proceso penal la citada institución legal. “Esta es una de las herramientas fundamentales en la investigación judicial. La experiencia cotidiana nos sigue demostrando que existen múltiples casos de reticencias de los ciudadanos a colaborar con la Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias. Una norma de estas características beneficiará a la sociedad en general”, puntualizó uno de los investigadores consultados.





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