POSADAS. La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en Misiones remitirá en los próximos días una nueva nota al gobernador Maurice Closs, en la que reclamarán la puesta en marcha del “Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital Móvil Estatal, en el ámbito de la Secretaría de Estado General y de Coordinación de Gabinete de la Provincia”, creado por ley I – Nº133 en noviembre de 2004, es decir, hace más de ocho años atrás.“Hoy en el Gobierno provincial, no hay ámbito de discusión paritaria, por eso pedimos que se ponga en funcionamiento lo que establece la ley para generar un ámbito de discusión del salario en Misiones”, aseguró Jorge “Koki” Duarte a PRIMERA EDICIÓN. Según la ley que no se aplica, el Consejo debería: “determinar periódicamente el salario mínimo vital móvil estatal; formular recomendaciones para la ejecución de políticas salariales de la administración pública provincial; proponer, a los Poderes del Estado, proyectos que tiendan al mejoramiento del salario del empleado público”.El Consejo debiera estar integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo y uno por cada asociación sindical, unión o federación con personería gremial y/o trámite de inscripción debidamente certificado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación correspondiente a organizaciones de trabajadores estatales, que durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, con carácter ad-honorem. La presidencia queda incluso a cargo de uno de los representantes que designe el Poder Ejecutivo.La norma sin aplicar, como tantas otras en la gestión Closs, indica que “la resolución del Consejo que determine el Salario Mínimo Vital Móvil Estatal, a efectos que la misma tenga carácter imperativo, debe ser remitida dentro de los treinta días, a la Cámara de Representantes para su consideración”.Dura negociaciónEn un documento base de la CTA Nacional, al que accedió este diario, se asegura que “las negociaciones salariales este año plantean mayores dificultades que las existentes un año atrás. Entre los principales factores se encuentran la persistencia de altos niveles de inflación y el intento de las empresas y el Estado de fijar un tope cercano al 20% de incremento salarial”.Agrega que “la inflación del año 2012 fue de aproximadamente el 25%, y todo indica que este año se mantendrá en niveles similares. Por ello, un incremento salarial ‘de bolsillo’ inferior a dicho porcentual significará una reducción del salario en términos reales”.Y afirma que “la regulación estatal del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias (4ª categoría) influye negativamente sobre el ‘ingreso de bolsillo’ de los trabajadores. De no producirse cambios en dicha reglamentación, el aumento real de los ingresos de los trabajadores será inferior al que se pacte en las negociaciones salariales”.Finalmente, indica que “es necesario reiterar que el aumento del salario real debe estar sustentado en una reducción de las ganancias empresariales, y no en una disminución de los recursos fiscales del Estado, sin perjuicio de que sigue resultando inaceptable mantener las exenciones al impuesto a las Ganancias que benefician a los sectores más concentrados del capital”.
Discussion about this post