La crisis yerbatera volvió a quedar en el centro del debate a partir de un diagnóstico elaborado por Gerardo Vallejos, director por el sector Cooperativas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quien advirtió sobre el deterioro de la rentabilidad de los productores y reclamó recuperar herramientas de intervención para equilibrar las condiciones comerciales.
En un documento titulado Situación de la actividad yerbatera, el dirigente sostuvo que la desregulación tuvo un papel preponderante en las dificultades actuales y consideró necesario avanzar con cambios estructurales que permitan mejorar la distribución de los ingresos entre los distintos eslabones.
Vallejos puso especial énfasis en la situación del sector primario, al que identificó como el más vulnerable.Según el informe, los agricultores reciben actualmente entre 260 y 280 pesos por kilogramo de hoja verde, mientras que el costo de producción estimado para agosto de 2026 alcanza los 477 pesos.
Esta diferencia representa una pérdida de entre 197 y 217 pesos por kilo comercializado, equivalente a aproximadamente el 41% y el 45% del costo calculado.
El documento recordó que los valores percibidos por la materia prima llegaron a ubicarse entre 380 y 400 pesos durante 2023, niveles que no pudieron recuperarse pese a la reducción de la cosecha registrada posteriormente.
Más yerba comercializada, pero sin mejoras para el productor
Uno de los principales planteos de Vallejos es que el crecimiento de las ventas no necesariamente refleja una recuperación económica de toda la actividad.
De acuerdo con las estadísticas del INYM incorporadas al análisis, entre enero y septiembre de este año se despacharon 203,6 millones de kilos de yerba mate al mercado interno, mientras que las exportaciones alcanzaron los 44,1 millones.
En conjunto, las salidas de molino totalizaron 247,7 millones de kilogramos, aproximadamente un 2% por encima del mismo período de 2025.
Sin embargo, el director cooperativo observó que el consumo nacional continúa por debajo de los niveles registrados en 2021, cuando durante los primeros nueve meses se habían comercializado unos 210 millones de kilos.
El mercado externo, en cambio, mostró una evolución favorable, al pasar de 27,6 millones de kilogramos en 2021 a más de 44 millones en el período equivalente de 2026.
Para Vallejos, esta diferencia demuestra que el aumento de la actividad comercial no alcanza por sí solo para resolver los desequilibrios existentes.
“Vender más yerba elaborada no significa que la cadena esté mejor. Hay una parte de ella que claramente no es beneficiada”, sostuvo en el documento.
También remarcó que la facturación y los márgenes de la industria, los secaderos y los productores responden a condiciones diferentes, por lo que consideró necesario analizar cada etapa por separado.
La producción cayó, pero los precios no se recuperaron
El informe también cuestionó que la reducción de la oferta de materia prima no se haya traducido en una mejora de los valores pagados al agricultor.
Según las cifras presentadas, durante 2025 se cosecharon 889,3 millones de kilos de hoja verde, lo que representó una disminución del 9,9% respecto del año anterior.
A septiembre de 2026, la producción acumulaba una nueva caída del 5,5% frente al mismo período de 2025.
Pese a esta tendencia, Vallejos señaló que los ingresos permanecen muy por debajo de los costos, una situación que compromete la continuidad de numerosas explotaciones.
El dirigente explicó que un yerbal requiere varios años de inversión antes de alcanzar su potencial productivo. Durante ese tiempo deben afrontarse gastos de mantenimiento, fertilizantes, combustible y mano de obra, a los que posteriormente se suman la cosecha y el transporte.
Cuando el precio recibido no permite cubrir esas erogaciones, las consecuencias se trasladan directamente al funcionamiento de las chacras.
Entre los principales efectos mencionó la reducción del mantenimiento de las plantaciones, la paralización de inversiones, las dificultades para pagar la tarefa y el aumento del endeudamiento.
También advirtió sobre el riesgo de abandono de pequeñas propiedades rurales y sus posibles consecuencias sociales, incluido el desarraigo.
A estos problemas se agregan las demoras en los pagos y, en determinados casos, la imposibilidad de cobrar operaciones por valores devueltos.
Cuestionamientos a la desregulación y la concentración industrial
Otro de los ejes centrales del diagnóstico apunta a las modificaciones introducidas en el funcionamiento del mercado yerbatero a partir del DNU 70/2023 y las posteriores restricciones a las facultades del INYM.
Vallejos sostuvo que estas medidas debilitaron los mecanismos destinados a ordenar la relación entre oferta y demanda, al tiempo que facilitaron una mayor expansión de las plantaciones.
Desde su perspectiva, esa situación agrava los desequilibrios existentes, especialmente porque el consumo interno presenta un crecimiento limitado desde hace varios años.
El dirigente también cuestionó el grado de concentración de la industria, al considerar que reduce la capacidad de negociación de quienes producen la materia prima.
Según los datos incluidos en el documento, tres empresas concentran el 49,5% de las salidas de molino, mientras que las diez principales representan el 76,8%.
Esta distribución, afirmó, permite que un grupo reducido de compradores ejerza una influencia determinante sobre las condiciones comerciales.
A diferencia de otros participantes de la cadena, los agricultores no pueden almacenar la hoja verde durante períodos prolongados para esperar mejores cotizaciones, por lo que necesitan entregar su cosecha y obtener ingresos en plazos razonables.
“La libertad de mercado no garantiza por sí sola una distribución equilibrada del valor entre los productores”, concluyó.
Reclaman recuperar herramientas de información y control
Frente a este escenario, Vallejos consideró que el INYM debe recuperar un papel estratégico en la organización de la actividad, dentro de las facultades establecidas por la Ley 25.564.
El director cooperativo cuestionó las actuales limitaciones del organismo para intervenir en materia de precios y en la relación entre oferta y demanda.
También señaló la falta de publicación de información económica que permita conocer con precisión los costos de producción y establecer referencias útiles para las negociaciones.
Entre las medidas prioritarias propuso elaborar una matriz de costos, difundir indicadores mensuales verificables y promover acuerdos comerciales con condiciones transparentes.
A ello sumó la necesidad de mejorar los plazos de pago, facilitar financiamiento para sostener las explotaciones y desarrollar programas de exportación con resultados medibles.

El documento también plantea reforzar la promoción del consumo interno, impulsar nuevos productos y evaluar la efectividad de las acciones comerciales que lleva adelante el Instituto.
Una actividad estratégica para la economía de Misiones
En el tramo final de su análisis, Vallejos insistió en que la situación yerbatera no puede evaluarse únicamente a partir de las toneladas comercializadas o del crecimiento de las exportaciones.
Recordó que la actividad sostiene miles de explotaciones agrícolas y genera movimiento económico en secaderos, molinos, transporte y comercios de Misiones y Corrientes.
Por ese motivo, consideró indispensable fortalecer la coordinación entre el INYM, las autoridades nacionales y los gobiernos provinciales, con políticas que permitan sostener la producción y mejorar su rentabilidad.
También planteó que Misiones debe avanzar hacia un modelo que incorpore mayor desarrollo industrial y comercial, en lugar de limitarse a abastecer de materia prima a los principales compradores.
La propuesta apunta a construir indicadores periódicos que permitan evaluar los resultados de las medidas implementadas y determinar si efectivamente mejoran los ingresos de los productores.






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