La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía actualizó los precios mínimos de los biocombustibles que se utilizan en la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, en el marco del régimen establecido por la Ley 27.640.
La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 24/2026 y 25/2026, publicadas el 2 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, para las operaciones correspondientes a febrero:
- El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio mínimo de $1.000,868 por litro.
- El bioetanol producido a partir de maíz fue fijado en $917,323 por litro.
- El biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil quedó establecido en $1.842.796 por tonelada.
Además de los valores, las resoluciones incorporan definiciones relevantes para la operatoria comercial del sector.
En el caso del bioetanol, se estableció que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente. Esta condición apunta a ordenar la relación entre productores y empresas obligadas a realizar la mezcla con naftas.
Para el biodiesel, en cambio, el plazo máximo de pago se fijó en 7 días corridos, una diferencia significativa que tiene impacto directo sobre el flujo financiero de las plantas productoras y la dinámica del mercado.
Ambas disposiciones entraron en vigencia de forma inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.
Impacto en la agroindustria y el sistema energético
La actualización de los precios regulados de los biocombustibles tiene efectos directos sobre distintos eslabones de la economía. En primer lugar, impacta en el complejo agroindustrial, especialmente en las cadenas vinculadas a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, que son la base de los biocombustibles utilizados en el mercado interno.
Al mismo tiempo, las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes mínimos deben incorporar estos nuevos valores en su estructura de costos, lo que puede trasladarse —total o parcialmente— al precio final de los combustibles, en un contexto en el que la política tarifaria y de precios energéticos sigue siendo un factor sensible para la inflación.
Desde la óptica regulatoria, la medida vuelve a poner en evidencia el rol activo de la Secretaría de Energía como árbitro del equilibrio entre la sustentabilidad económica de los productores de biocombustibles y la necesidad de evitar distorsiones en el mercado de combustibles líquidos.
Fuente: Ámbito.,
