Balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad o alcoholímetros que intervienen en operaciones comerciales, controles oficiales y situaciones donde existen derechos en juego, fueron alcanzados por la desregulación que afecta al INTI que, además, a partir de la nueva normativa quedó equiparado con los laboratorios privados.
“En Argentina, esa tarea de medición fiable fue realizada históricamente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero una reciente modificación normativa cambió ese esquema y nos abrió interrogantes sobre el alcance de los controles y las regulaciones sobre los instrumentos de medición reglamentados que controlamos”, explicó a PRIMERA EDICIÓN Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos del organismo.
“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, prosiguió.
Esa confianza, de acuerdo a lo dicho por Isleño, se apoya en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo se usan y cada cuánto tiempo deben verificarse.
“La metrología legal no abarca todos los instrumentos de medición. Una balanza doméstica o un tensiómetro de uso personal pueden cumplir normas técnicas, pero no están reglamentados. En cambio, una balanza utilizada en un comercio o en una operación fiscal debe ajustarse a un reglamento específico y si vas al supermercado y compras un kilo de harina, pasó por una balanza certificada por el INTI, y efectivamente en el paquete hay un kilo de harina”, comparó para precisar la importancia de un servicio de medición reglamentada.
“El criterio es el uso. Si el elemento interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”.
Ese control comienza con la aprobación de modelo. Antes de ser comercializado, cada instrumento debe demostrar que responde a las especificaciones del fabricante y la reglamentación vigente. Luego, una vez en funcionamiento, debe someterse a verificaciones periódicas para asegurar que mantiene su precisión.
“La resolución 276 modificó ese sistema. Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, deslizó Isleño.
“Esta resolución desconoce el rol de imparcialidad del organismo público. Argentina era reconocida en el mundo por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esa tarea la desarrolla el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora organismos privados controlarán a privados”, dijo enfático.
El metrólogo explicó además que la norma modifica los “tiempos de contraste”. “Instrumentos que antes se controlaban cada seis meses ahora lo hacen una vez al año; los anuales, cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación fue eliminada”, detalló.
“El tiempo de contraste define cuándo un instrumento debe volver a ser verificado. Los equipos se desgastan y se descalibran con el uso”, explicó.
Según indicó, incluso sin intervención humana, “los instrumentos pueden perder precisión por condiciones ambientales o envejecimiento y deben volver a ser verificados”.
Impacto en la vida cotidiana
La metrología legal alcanza también a dispositivos vinculados a la seguridad vial, como cinemómetros y alcoholímetros.
“Para que una infracción sea válida, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, insistió.
En paralelo, se eliminó el régimen de control de autopartes de seguridad (CHAS), que regulaba cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, esos productos ya no cuentan con certificación obligatoria previa.
Desde el INTI, Isleño señaló que el organismo cumple una función imparcial. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.
Asimismo, como delegado gremial, advirtió que los cambios se dan en un contexto de reducción de personal.
“En el último período hubo unas 800 desvinculaciones. Formar un metrólogo lleva años y la pérdida de personal impacta directamente en la capacidad técnica”, alertó.
“La metrología legal atraviesa múltiples aspectos de la vida diaria. Desde el combustible que se carga hasta la validez de una multa, el sistema de medición sostiene derechos y obligaciones”.
“Es un trabajo que no se nota cuando funciona, pero se vuelve evidente cuando deja de estar”, resumió.
“La discusión ahora es cómo garantizar controles efectivos y confiables en un sistema que regula mediciones clave para la vida cotidiana”, finalizó.
