El Gobierno nacional dispuso la creación de la Comisión Nacional de Bioética, un nuevo organismo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud, con el objetivo de unificar y fortalecer la evaluación ética en investigación en salud y asesorar a los distintos poderes del Estado en esta materia. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 893/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma establece además la derogación del Decreto 426/98, que había dado origen a la Comisión Nacional de Ética Biomédica, al considerar que ese organismo no funcionó de manera efectiva ni logró cumplir los objetivos para los que fue creado. Según los fundamentos oficiales, el avance científico y tecnológico en las ciencias biomédicas generó nuevos desafíos éticos, legales y sociales que requieren respuestas institucionales actualizadas y un marco normativo más coherente.
De acuerdo con el decreto, la nueva Comisión tendrá entre sus funciones asesorar al Poder Ejecutivo, al Congreso y a otros organismos del Estado, garantizar la protección de la dignidad humana y el derecho a la salud, y emitir recomendaciones sobre dilemas bioéticos vinculados a la atención médica, la investigación clínica y la incorporación de nuevas tecnologías.
Uno de los ejes centrales será la acreditación de los Comités de Ética en Investigación (CEI) de instituciones nacionales que desarrollen estudios en seres humanos y que no cuenten con aval provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el organismo buscará articular con las jurisdicciones provinciales, fomentar la comunicación entre comités y promover estándares éticos comunes en todo el país.
La Comisión Nacional de Bioética estará presidida por el ministro de Salud e integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, todos con desempeño ad honorem. Deberán ser expertos en ética, especialistas del ámbito sanitario, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología y Economía. Los integrantes serán designados por períodos de cuatro años, con posibilidad de renovación.
El decreto también crea un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, conformado por representantes de los comités provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá a su cargo la acreditación de CEI, el intercambio de buenas prácticas y la intervención en casos complejos o dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Entre los objetivos declarados, se sostiene que la nueva estructura permitirá evitar superposiciones normativas, reducir cargas administrativas, optimizar recursos y dotar al sistema de mayor previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia en la aplicación de los estándares éticos internacionales.
El Ministerio de Salud deberá ahora dictar los actos administrativos necesarios para poner en funcionamiento la Comisión, que se establecerá como organismo único y rector en materia de evaluación ética a nivel nacional.
