Miembros de la comunidad Pindoty’i de San Ignacio denunciaron formalmente la presencia de maquinarias municipales en territorio ancestral, relevado por la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. El inicio de las tareas se produjo hace un mes, realizando la remoción de tierra y piedras para el arreglo de un camino aledaño.
Silvio Méndez, representante de la comunidad Mbocayaty y referente que acompañó al cacique Bertolín Ortega para realizar la denuncia policial, explicó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que la intervención de las maquinarias se produjo sin información o consulta previa con la comunidad y ocasionó daños en el monte nativo que afectan la provisión de alimentos y la calidad de vida de sus integrantes.
Maquinarias y destrucción de monte nativo
La comunidad Pindoty’i está ubicada a unos 3 kilómetros del centro urbano de San Ignacio. Hace aproximadamente un mes, maquinarias comenzaron a retirar piedras para el arreglo de un camino ubicado en la zona del acceso a Teyú Cuaré.
El cacique de Pindoty’i, Bertolín Ortega, recurrió a Silvio Méndez, de la comunidad Mbocayaty, cuando los problemas se agudizaron: las máquinas ingresaron a territorio ancestral y provocaron daños en el monte nativo y el origen de un basural informal.
“Van destruyendo la naturaleza, los árboles nativos y por eso las comunidades decidieron hacer una denuncia para que paren esa parte, vive una familia ahí cerquita y siguen sacando las piedras sin ninguna consulta con las comunidades”, aseguró Méndez.
Sobre la denuncia presentada, precisó que el pedido principal es que se realice una instancia de Consulta Previa, Libre e Informada con la comunidad, para que tengan un margen de decisión en este tipo de medidas que afectan el territorio y sus recursos.
Falta de respuestas
El avance territorial en esta comunidad no es el único en la localidad ni en la provincia. En el último tiempo, los conflictos en territorios relevados donde habitan comunidades mbya se multiplicaron y Méndez, que acompaña como traductor a varios caciques en sus reclamos, dio cuenta de un escenario de preocupación latente.
También recordó que los reclamos se sustentan en las carpetas técnicas del relevamiento nacional llevado adelante por la Ley 26.160, una normativa nacional que a más de 20 años de su sanción aún no finalizó con su primera etapa, las delimitaciones territoriales de los pueblos originarios.
Por motivos territoriales pero también de cuidado del medioambiente, Méndez consideró que hay que construir consensos entre las comunidades guaraníes, grupos ambientalistas y la sociedad civil para que se siga el procedimiento de la consulta previa.
Sin embargo, la omisión de esa instancia de diálogo no es casual, ya que las autoridades o actores privados “saben bien que nosotros como miembros de la comunidad no vamos a permitir que saquen madera o piedra dentro del territorio, haciendo daño ambiental”, aseveró Méndez.
En el caso de Pindoty’i, la presentación en la Policía derivó en el desembarco de varios agentes para constatar lo expresado en la denuncia.
Hasta el momento, detuvo el accionar de las maquinarias, pero para Méndez el clima de incertidumbre persiste, teniendo en cuenta los antecedentes en otras comunidades de San Ignacio, como en el caso de Mbocayaty.
“Hace un año atrás había una familia dentro del territorio relevado de la comunidad cerca del río Paraná. Vino un supuesto dueño. Amenazan y los sacan y ahí tumban todas las casas de una familia que es integrante de la comunidad. Como hice la denuncia y muchas cosas se conocían por los medios pararon como 8 o 9 meses, pero esta semana volvieron a entrar para seguir trabajando en este lugar”, relató el referente.
