El Senado reactivó la discusión del proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que busca combatir la ludopatía y regular las ciberapuestas, luego de meses de estancamiento. La iniciativa, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en todos los medios, fue abordada en un plenario de comisiones convocado el 1° de octubre.
El texto aprobado en Diputados por 134 votos contra 32 establece restricciones sin precedentes: prohíbe la publicidad en redes sociales, TV, radio, medios gráficos, indumentaria deportiva, cartelería pública y cualquier plataforma digital actual o futura. Solo se permite la promoción dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería autorizadas.
La reactivación del debate responde a tensiones internas dentro del interbloque peronista, especialmente entre sectores cercanos a Cristina Kirchner y La Cámpora, según fuentes legislativas. Estas disputas habrían buscado presionar a un reconocido empresario del sector, acelerando una agenda que parecía postergada por la fuerte influencia del lobby.
A mediados de la semana pasada, la Comisión de Salud, presidida por la senadora Lucía Corpacci, realizó una reunión introductoria con asesores para evacuar “dudas técnicas”. Desde la comisión se comprometieron a recibir propuestas de modificación durante una semana, siempre tomando como base la media sanción de Diputados.
No se fijó fecha para la próxima plenaria, aunque la intención de avanzar es clara. El proceso se dilatará semanas, tanto para consensuar una versión revisada como por el calendario electoral. Senadoras como Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Carolina Losada (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy) proponen cambios, desde endurecer hasta flexibilizar ciertos aspectos, como las restricciones publicitarias.
La Iglesia Católica impulsa fuertemente la normativa, y la vicepresidenta Victoria Villarruel ha dado solo “tibios guiños” mediante retuits de pronunciamientos del Episcopado, sin comprometerse públicamente.
El proyecto también prohíbe el acceso de menores a plataformas de apuestas y establece penas de 3 a 8 años para quienes organicen sistemas no autorizados. Sus impulsores argumentan que se trata de una cuestión de salud pública, respaldada por datos que indican que 8 de cada 10 adolescentes conocen o acceden a apps de apuestas, y el 37% lo hace con frecuencia.
Aunque algunos cuestionan la competencia federal frente a jurisdicciones provinciales, los legisladores defienden que el Congreso puede legislar por el impacto nacional de la problemática.
Fuente: Agencia de Noticias NA
