El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mediante la Resolución 1182/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, con el objetivo de asegurar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el país. La medida deroga el reglamento vigente desde 2016 y actualiza los procedimientos para la utilización de los fondos, la rendición de proyectos y el control de inversiones.
Según lo establecido, los licenciatarios de servicios TIC deberán continuar realizando aportes equivalentes al 1% de sus ingresos totales para financiar programas que garanticen el acceso a internet y a la conectividad en condiciones de calidad y a precios justos.
El nuevo marco incorpora, entre otras herramientas, un Certificado de Crédito destinado a transparentar el proceso de aplicación de inversiones y un sistema de monitoreo de impacto que permitirá evaluar los resultados de los programas implementados. Además, prevé instancias de diagnóstico para definir prioridades y optimizar el uso de los recursos.
La resolución también se enmarca en el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, aprobado en marzo pasado, que busca acelerar la expansión de la banda ancha fija y móvil, reducir la brecha digital y garantizar la cobertura en todo el territorio, incluyendo hogares, escuelas, hospitales y centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.
Los programas financiados con el Fondo del Servicio Universal tendrán un enfoque estratégico alineado con los ejes del Plan Nacional, que incluye:
- Acelerar el acceso a banda ancha fija y móvil de última generación.
- Conectar servicios esenciales de salud y educación.
- Desarrollar centros regionales de datos e infraestructura para inteligencia artificial.
- Fomentar el despliegue de redes en zonas sin cobertura, incluyendo la conexión de cooperativas y MiPyMEs a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
Además, se establece un plazo máximo de 36 meses para la ejecución de los proyectos y se exige que toda la documentación técnica sea certificada por un ingeniero en telecomunicaciones matriculado. El reglamento también endurece las sanciones por incumplimiento, que pueden incluir multas equivalentes al monto de las rendiciones aprobadas, intereses y hasta la rescisión del convenio y la ejecución de garantías.
