El acusado de suministrar y entregar estupefacientes a adolescentes y jóvenes para abusar sexualmente de ellas y someterlas a la servidumbre, evitó el inicio del juicio oral ayer ante el Tribunal Federal de Posadas tras aceptar el ofrecimiento de juicio abreviado de nueve años de prisión en un centro especializado de salud mental, una restricción de acercamiento por cualquier medio a las víctimas de por vida y el resarcimiento económico.
Además, su ADN ingresará al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de Justicia de la Nación.
La propuesta fue aceptada el martes y presentada ante el nuevo pedido de la defensa del acusado de 41 años, nacido en Chaco pero criado y aún con domicilio legal en Aristóbulo del Valle. Como adelantó PRIMERA EDICIÓN el domingo pasado, la causa se inició en diciembre de 2017 cuando los progenitores de una menor de 17 años denunciaron que estaba cautiva y sometida a la facilitación de estupefacientes por parte del hijo de un contador de una reconocida empresa misionera.
Los primeros pasos de la investigación fueron en la Justicia de Instrucción provincial, pero al incluir delitos comprendidos por las leyes 23.737 de drogas, trata de personas y violencia contra la mujer, el expediente pasó a la Justicia Federal y fue el juez José Luis Casals quien elevó las actuaciones a debate.
El juicio tenía diez audiencias pautadas en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Se esperaba un extenso debate con 47 testigos citados. El Tribunal fue conformado por cuatro jueces, presididos por Manuel Alberto Jesús Moreira de Posadas y los restantes de Corrientes y Formosa. La acusación estuvo encabezada por la fiscal Vivian Andrea Barbosa con la asistencia del cofiscal Pablo Ricardo Di Loreto. De acuerdo a las fuentes contactadas por este medio, hoy el acuerdo podría quedar homologado por el TOCF-Posadas en audiencia de visu.
Desde 2016
Vale remarcar que, tras la primera denuncia en esta causa (2017) se sumaron casos de víctimas anteriores. Una de ellas en 2016 y cuando solo tenía 15 años, también sometida en departamentos en el centro posadeño y drogada con ketamina, cocaína, ritalina, marihuana, cocaína, éxtasis y alcohol en exceso.
Todas relataron que fueron golpeadas y obligadas a prácticas sexuales, abusos, con otros hombres inclusive y encerradas, reducidas física y mentalmente por los diferentes efectos nocivos de lo que el acusado les suministraba.
El encartado fue procesado en noviembre de 2021 por el juez federal José Luis Casals, con prisión que cumple internado en una clínica privada posadeña especializada en salud mental.
Se lo acusó de “suministro de estupefacientes agravado por la minoridad de la víctima” (artículos 5 y 11 de la ley 23.737), “abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud física, mental y la minoridad de la víctima, mediando una situación de violencia contra la mujer y asimilable a la reducción a la servidumbre sexual” (artículo 119 y 140 del Código Penal Argentino y la ley de 26.485) y “la entrega y suministro de sustancias estupefacientes, en concurso ideal con el abuso sexual con acceso carnal por dos vías de acceso agravado por el daño a la salud física y mental y la minoridad de las víctimas, mediando una situación de violencia contra la mujer y asimilable a la reducción a la servidumbre sexual”, los tres delitos “en concurso real”, artículo 55 del CPA.
Como lo comunicó este Diario, en 2017 fue una madre posadeña la que logró que se inicie la causa. Primero debió internar a su hija de 17 años, estudiante de secundaria que intentaba aprobar el cursillo de ingreso a la facultad de medicina de esta capital, por una sobredosis de un cóctel de drogas que incluían ritalina para tratamientos de trastornos de déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia, mezclados con cocaína y ketamina. Solicitó un tratamiento en un centro de rehabilitación que la menor cumplió pero no pudo evitar la presión de quien le facilitaba los estupefacientes y la reducía a una sirvienta sexual.
La gravedad del cuadro aumentó y el 20 de diciembre del mismo año, la adolescente debió ser rescatada ya por orden judicial y se descubrió que su novio no tenía 24 años sino 34 y tampoco la identidad con la que lo conocían era la que su familia creía saber.
Desde ese momento se destaparon episodios previos de violencia sexual, reducción a la servidumbre, encierro, drogas sin límites.
El denunciado fue acusado de entregar y suministrar drogas, abusar sexualmente y reducir a la servidumbre al menos a dos menores de edad, una en 2016 cuando tenía 15 años y la restante en 2017.
Las pericias en el expediente lo definieron como un hombre que amenazaba a las jóvenes y adolescentes. “Siempre con el mismo modus operandi, drogarlas, violarlas, quebrarlas moral y emocionalmente a través de distintas formas de violencia y métodos de tortura con todo un discurso místico de ser una familia y la pertenencia haciéndolas cómplices, partícipes o encubridoras de delitos y las daña y las quiebra de manera tal que solo he visto en víctimas de trata y de sectas religiosas sometidas a la servidumbre”.
Testigos de la causa, como compañeras de colegio de la víctima de 17 años, indicaron que ella se había involucrado con alguien quien creían tenía 24 años, no 34, y se manifestaba en redes como “Fir in limbo”. Que el tiempo transcurrió y notaron cambios en la actitud de su amiga y que el consumo de estupefacientes era cada vez mayor en ella. “Desde que comenzó a conocer a Fir dejó de lado su independencia y sus ideales desaparecieron”.
Los estudios hechos a la adolescente concluyeron que padece una “comorbilidad asociada al estrés postraumático (…) En el caso de ella era una situación de abuso del sujeto que era su pareja”.
Uno de los especialistas que la entrevistó detalló como ejemplo en sus informes: “Cuenta que estaba en la parada de colectivos yendo a encontrarse con él (“Fir” victimario) y se angustia al darse cuenta de lo que estaba por hacer y lo resume: ‘Me di cuenta que estaba yendo al matadero’”.
Un psiquiatra detectó rasgos y síntomas del “Síndrome de Estocolmo Doméstico”. “Sí, se presentaron indicadores en ella, había oscilaciones entre momentos en que se reconocía como víctima y momentos en los que se identificaba con el agresor (…) aludía que él la amaba”.
“Sin impedimento para una cárcel”
“Él sigue en un clínica en Posadas y no hay intención de que cumpla su pena en cárcel común. Goza de los privilegios de un hijo del poder”, resaltó la madre de una de las víctimas en contacto con PRIMERA EDICIÓN tras el acuerdo firmado.
“Sólo los pobres van a la cárcel en este país. A pesar de haber pasado, en dos ocasiones, por junta médica de la Corte Suprema de Justicia y que concluyó que no hay impedimento para que cumpla su arresto en un establecimiento carcelario. Así que, para mí, justicia será cuando finalmente esté preso en una cárcel”.
