Tal como anticipó PRIMERA EDICIÓN, el presupuesto provincial 2026 contempla que el Ministerio Público contará con autonomía funcional y autarquía financiera. De esa manera, los honorarios judiciales ingresarán directamente a su patrimonio y podrán destinarse a funcionamiento o bienes de capital.
Ante la consulta de este Diario, fuentes del organismo explicaron que “el Ministerio Público es la herramienta con la que cuenta la sociedad para intervenir en los procesos judiciales”. Afirmaron que la misión es “promover y ser garantes de la protección de los derechos humanos en todas las ramas del derecho, penal, civil, comercial, laboral, administrativo, de la seguridad social y del trabajo”.
Las voces resaltaron que en materia penal “es el organismo responsable de investigar y perseguir los delitos, llevar el caso ante el juez y cuidar la legalidad de los procedimientos”. Señalaron que se trata de “una figura central del sistema de justicia penal”. Al mismo tiempo, en el ámbito de la defensa “tiene la obligación de velar por el debido proceso y garantizar el acceso a la justicia”.
Se subrayó también la posibilidad de intervenir en casos de incidencia colectiva. “Podemos impulsar a través de un caso medidas con consecuencias de interés público, como lo fue el voto policial”, recordaron.
En esa línea mencionaron la tarea de la Secretaría General de Acceso a la Justicia que “garantiza el acceso de personas en condición de vulnerabilidad” y asume el “patrocinio gratuito de quienes no cuentan con recursos para hacer valer sus derechos dentro de la jurisdicción provincial”.
Respecto de la reforma legal, se indicó que “la autonomía funcional permite ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado”. A la vez, “la autarquía financiera implica la libertad para planificar y ejecutar la asignación de los recursos presupuestarios” y se consideró que “es fundamental que el Ministerio Público posea presupuesto propio”.
Desde el organismo se afirmó que “la cuestión presupuestaria es central si se piensa en el fortalecimiento de cualquier institución”.
En esa línea se sostuvo que “un presupuesto propio brinda mayor autonomía e independencia en la gestión de los recursos”.
Con relación a las proyecciones, se destacó el objetivo de fortalecer las investigaciones complejas mediante la reglamentación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales ya creado por ley.
“Se prevé la implementación de la Policía Judicial y la ampliación de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas con presencia efectiva en todas las circunscripciones”, detallaron. Se busca “facilitar la recepción, análisis y secuestro de evidencia digital con softwares forenses y personal calificado”.
Actualmente el Ministerio Público cuenta con herramientas como el “Cellebrite UFED Inseyets de origen israelí” y el “XRY sueco”. Para los próximos años se proyecta la adquisición de programas como “GREIKI para el acceso y análisis de dispositivos iPhone” y el software “Autopsy para informática forense”. También se prevé equipamiento con procesadores de última generación y la incorporación de “una unidad móvil en telecomunicaciones con escáneres para criminalística” que permitirá documentar escenas con tecnología avanzada.
En materia de acceso a la justicia, se anunció la “creación de la sede de acceso en la Quinta Circunscripción Judicial” y la “recepción de denuncias online en todas las circunscripciones”. Asimismo, se implementará una “VPN institucional desde la Fiscalía de Ciberdelitos” que funcionará como punto de contacto para trasladar evidencia digital en forma segura, evitando el uso de soportes físicos y preservando la cadena de custodia.
