La coyuntura económica nacional desató una crisis que se manifiesta en los tribunales de varias provincias del país. Un número creciente de asalariados, agobiados por deudas que se volvieron insostenibles, está recurriendo a la figura legal de la quiebra personal para escapar del implacable cerco de los bancos y sus tasas altas. Esta situación, que se intensificó notablemente en el último tiempo, revela una problemática social y económica de gran envergadura: el sobreendeudamiento de los consumidores.
Este fenómeno es un reflejo directo del aumento de la morosidad en las entidades financieras que, según denuncian los afectados, aplican tasas de interés, comisiones por descubierto y punitorios que terminan de asfixiar a los deudores.
Un caso que encendió las alarmas es el de Salta, que entre febrero y agosto de este año registró alrededor de 100 solicitudes de quiebra de personas físicas. Una cifra inédita, que supera con creces los registros de años anteriores y que demuestra que cada vez más personas acuden a los tribunales, no para salvar empresas, sino para recuperar la totalidad de su salario, que es consumido por los descuentos compulsivos.
Al respecto, la jueza salteña Victoria Ambrosini de Coraita, expresó en declaraciones a El Tribuno su percepción: “Asistimos con gran preocupación a un incremento notorio en los pedidos de propia quiebra de los consumidores. Este fenómeno viene sucediendo hace unos años, pero se incrementó notablemente en el último tiempo”.
Pese a la tendencia nacional, Misiones parece mantenerse al margen, al menos por el momento.
A propósito, la jueza Gabriela Fernanda Canalis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1, afirmó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que en lo que va del 2025 “aún no tuvimos solicitudes de quiebra de personas físicas”.
Sin embargo, Canalis recordó que la situación fue diferente durante la pandemia, cuando sí se presentaron solicitudes de quiebra por sobreendeudamiento.
“Ahora, en este último tiempo, no hubo procedimientos en este sentido. Pero cuando fue la pandemia, unos meses después, incluso un año más tarde, hubo una seguidilla de pedidos de personas físicas que tenían que ver con un sobreendeudamiento y la imposibilidad de responder con su salario a todos los créditos y los préstamos que tenían a cargo”.
“De repente -agregó-, entre la cuota de la vivienda, el préstamo del banco o el préstamo de la mutual, hubo muchos que se quedaban prácticamente sin sueldo. Y para evitar que se les ejecutara, que se les siguiera descontando, entonces hacían el pedido de quiebra”.
“Estos pedidos venían, en general, de parte de empleados públicos de la provincia”, indicó.
La jueza explicó que, en su mayoría, estos pedidos (aproximadamente veinte), fueron rechazados de forma automática, al considerar que desvirtuaban el sentido del proceso concursal.
“La quiebra o concurso tiene que ver con que no puedo pagar, pero quiero pagarte, entonces te pido una quita, una espera porque tengo bienes para pagarte. En general, las personas que se presentaron a quiebra, lo hicieron diciendo, ‘no tengo casa, no tengo auto, me metí en demasiadas cuentas y ahora no las puedo pagar, entonces quiero que me suspendan el cobro compulsivo de los préstamos y la liquidación de intereses’, que es uno de los efectos del concurso preventivo y/o quiebra. Esto fue rechazado porque era un abuso del proceso concursal”, detalló.
No obstante, Canalis aclaró que hubo distintas respuestas de las cámaras de apelaciones y que la de Eldorado, por ejemplo, revirtió el criterio, considerando que, en el marco del derecho del consumo, sí se podía frenar la liquidación de intereses o la suspensión de pagos en un proceso concursal o falencial.
