El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumplió su primer año de implementación, pero el balance dista de las promesas de una “avalancha de capitales” y un impacto significativo en el empleo. Un informe del Observatorio del RIGI, una entidad conformada por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, revela que los resultados son modestos en comparación con los beneficios fiscales y cambiarios que otorga el régimen a un puñado de grandes empresas.
Según el informe, el RIGI, que se aprobó el 23 de agosto de 2024, registró 19 solicitudes de adhesión, de las cuales solo 7 fueron aprobadas. La inversión total comprometida por estos proyectos asciende a 13.067 millones de dólares, con una previsión de apenas poco más de 1.000 empleos directos. Esta cifra es considerada mínima por el Observatorio frente a las ventajas extraordinarias que reciben los inversores.
En este sentido, la mayoría de los proyectos presentados, 10 de 19, corresponden al sector minero, con un foco en el litio (5), cobre (3) y oro (2). Le siguen las energías renovables, la infraestructura hidrocarburífera, la siderurgia, los biocombustibles y la infraestructura portuaria. En cuanto a las inversiones de mayor volumen, el estudio detalla que se concentran en actividades primarias extractivas, especialmente en proyectos para expandir las exportaciones de Vaca Muera y la minería. Además, el estudio también señala que el flujo de capitales “fue acotado en un contexto atravesado por incertidumbres tanto nacionales como internacionales”.
Respecto a los siete proyectos aprobados hasta el momento, los mismos se distribuyen en diferentes sectores como hidrocarburos, con una inversión de 9.790 millones de dólares, este sector concentra los montos más elevados; la minería, principalmente en litio y cobre; energía renovable, incluyendo un parque eólico y uno fotovoltaico, y el sector de la siderurgia.
Situación local
Mientras 15 provincias ya se adhirieron formalmente a la normativa RIGI, Misiones presentó sus propios proyectos para buscar inversiones bajo este esquema. Sin embargo, a pesar de la adhesión provincial al régimen, los proyectos misioneros, al igual que otros de la industria minera, aún no fueron aprobados. Esto se debe a que la aprobación depende de múltiples secretarías y subsecretarías a nivel nacional, y existe la percepción en el sector de que el Gobierno nacional priorizó políticamente las inversiones en hidrocarburos, dejando a otros sectores a la espera.
Ante ello, Misiones tomó una postura proactiva, promoviendo una iniciativa propia para las pequeñas y medianas empresas. El ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN destacó “la importancia de un régimen de incentivos que se ajuste a las necesidades de las economías regionales y que fomente el desarrollo productivo local”.
Al respecto, Fachinello explicó que la provincia, aunque adherida al RIGI nacional, está enfocada también en impulsar el Régimen de Incentivos para PyMEs Industriales (RIPI). Este régimen, según precisó el ministro, se entiende como una “devolución de la Nación a todos los aportes del sector productivo de las economías regionales”.
En cuanto a las propuestas de la provincia para el RIPI, incluyen una serie de beneficios fiscales y facilidades para el comercio exterior, diseñadas para estimular la inversión en la industria local.
Entre los ítems se encuentran los beneficios impositivos, en los que se proponen reducciones del 25% en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada y devolución del IVA para inversiones que varían según el tamaño de la industria: desde 50 millones de pesos para las microindustrias, 150 millones de pesos para pequeñas y 500 millones de pesos para las medianas; comercio exterior, donde se solicita la exención de retenciones a las exportaciones por cinco años y acceso irrestricto a divisas para la reinversión de capitales; innovación y desarrollo, en la que proponen un crédito fiscal del 50% sobre la inversión en I+D y finalmente estabilidad tributaria, en la que se busca una estabilidad de 10 años en los beneficios impositivos para ofrecer certidumbre a los inversores.
Según las proyecciones de Misiones, la implementación de este régimen para PyMEs podría generar un impacto significativo en los primeros cinco años, con más de 500.000 millones de pesos en inversiones, la creación de 200.000 nuevos empleos formales, la incorporación de 5.000 nuevas empresas exportadoras y un crecimiento del 15% en las exportaciones con valor agregado.
En esa línea, Fachinello enfatizó la necesidad de estas herramientas para “tener certidumbre, poder seguir invirtiendo en innovación y desarrollo, agregar valor y de esta manera, a través del trabajo de calidad que genera la industria, mejorar la calidad de vida de los misioneros”. Las propuestas de Misiones, si bien aún no fueron aprobadas, reflejan una visión que busca adaptar los incentivos económicos a la realidad productiva de la región, alejándose del modelo de grandes proyectos extractivos del RIGI nacional y apostando por un crecimiento más inclusivo y diversificado.
