Con 58 votos positivos, 9 negativos y 3 abstenciones, el Senado sancionó este jueves la ley que blinda el financiamiento de las universidades públicas, tras un debate que anticipaba un resultado favorable a la oposición. La norma establece la actualización automática de los presupuestos por lo perdido en 2024 y durante el presente año, además de una convocatoria obligatoria a paritarias docentes y no docentes. Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.
La votación se resolvió sin sobresaltos, luego de que el tema fuera habilitado con dos tercios y obtuviera la aprobación final con una mayoría contundente. Hubo abstenciones, entre ellas la de Victoria Huala (PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ahora, la discusión se traslada al Congreso: ante la decisión ya adelantada de la Casa Rosada de rechazar la iniciativa, la oposición deberá reunir dos tercios en ambas cámaras para insistir con su sanción.
Los puntos centrales de la norma
El proyecto aprobado dispone que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se actualicen “al 1° de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” entre mayo y diciembre de 2024. Además, prevé subas bimestrales durante el año en curso.
Otro eje es el reconocimiento salarial. El Ejecutivo deberá actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con incrementos no inferiores a la inflación medida por el INDEC. Los aumentos deberán ser remunerativos y bonificables. A su vez, se establece que las negociaciones paritarias se convoquen cada tres meses como máximo, con actualizaciones mensuales equivalentes al índice de precios.
Debate en el recinto
El peronista puntano Fernando Salino fue uno de los primeros en intervenir. Señaló que “en los cinco meses de 2025 se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en los primeros cinco meses de 2023” y advirtió que mientras en 2023 el gasto en universidades fue de 0,72% del PBI, este año se estima en 0,43%. Según sus cálculos, la ley tendrá un costo fiscal de 0,12% del producto.
Desde la oposición radical, Maximiliano Abad planteó que el país pierde oportunidades por no resolver demandas estructurales. “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo una reforma tributaria profunda y la modernización del trabajo. Pero no, retrocedemos permanentemente”, afirmó. También cuestionó la falta de un presupuesto aprobado: “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva”.
El santacruceño José María Carambia pidió no interpretar la votación en clave partidaria y expresó que la discusión debía centrarse en el futuro educativo. En tanto, el senador radical y exrector universitario Flavio Fama defendió la transparencia del sistema: “¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública?”.
El discurso oficialista
El cierre de los oradores estuvo en manos del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche. El jujeño centró su exposición en la crisis educativa de los niveles iniciales. “Uno de cada diez niños no sabe leer. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos”, advirtió.
Atauche sostuvo que “se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes”. También apuntó a la desigual distribución de los recursos: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios”.
Cómo votaron los misioneros
Con respecto a los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut apoyaron el presupuesto universitario, mientras que Martín Goerling Lara del Pro lo rechazó.
