En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La iniciativa había sido presentada por los gobernadores como un intento de quitar discrecionalidad al Ejecutivo, aunque el resultado parlamentario estuvo lejos de los dos tercios necesarios para blindarla ante un eventual veto presidencial.
En este contexto, el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó las implicancias económicas y políticas de la medida, advirtió sobre los escenarios posibles y remarcó que la tensión entre Casa Rosada y las provincias está atravesada por una compleja red de alianzas electorales.
El especialista sostuvo en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que no prevé efectos concretos en el corto plazo.
“Primero que nada creo que no va a tener impacto porque va a ser vetada”, afirmó, convencido de que el presidente Javier Milei hará uso de esa herramienta.
Según explicó, luego se abrirá el proceso legislativo para confirmar o rechazar el veto, una discusión que probablemente coincida con el debate del presupuesto.
En ese sentido, adelantó que la resolución final podría ser desfavorable para los mandatarios provinciales, dado que varios de ellos ya se alinearon políticamente con el oficialismo nacional.
Pegoraro recordó que lo aprobado fue el dictamen de mayoría, es decir, el proyecto original firmado por los gobernadores. La propuesta planteaba un reparto automático y diario de los ATN. Sin embargo, también se había presentado un dictamen de minoría impulsado por legisladores cercanos al Gobierno, que proponía distribuir lo no ejecutado una vez al año al cierre del ejercicio fiscal.
Para el analista, esa alternativa podría convertirse en una salida intermedia en caso de que el veto presidencial avance.
En cuanto al impacto económico, consideró que la norma, si finalmente se aplicara, significaría ingresos adicionales importantes para las provincias, aunque no determinantes. Explicó que el mecanismo reforzaría las arcas provinciales en un momento en que la coparticipación viene mostrando “un desempeño bastante débil” y con “cierta volatilidad en los últimos meses”.
Politikon Chaco realizó una simulación que permite dimensionar las cifras: “La estimación nuestra es que las provincias podrían recibir al segundo semestre de este año aproximadamente 300 mil millones de pesos extra justamente en función de esta reforma de ATN”, detalló.

En esa proyección, la provincia de Buenos Aires se vería muy favorecida por su peso en la distribución de coparticipación, mientras que distritos más pequeños recibirían montos sensiblemente menores.
“En el caso de Misiones, nosotros estimamos que podría llegar a recibir al segundo semestre acumulado cerca de 10.500 millones de pesos extras solamente por reparto de ATN”, indicó Pegoraro.
Aclaró que, aunque la cifra es significativa en el contexto actual, resulta relativamente baja en términos absolutos.
El consultor señaló que la verdadera importancia de la ley radica en el mediano y largo plazo, al otorgar previsibilidad y terminar con la discrecionalidad política.
“Los ATN tienen una doble discrecionalidad: la primera es el cuándo y la segunda es el quién, entonces rompés con esa discrecionalidad porque te garantizás la automaticidad y te garantizás un porcentaje ya dado por ley a cada provincia”, explicó.
De esta manera, los gobiernos provinciales podrían proyectar con mayor certidumbre sus presupuestos, evitando depender de decisiones coyunturales de la Casa Rosada.
Presupuesto y veto
En el plano político, Pegoraro desestimó que el resultado en Diputados haya sido una demostración de fuerza de los gobernadores frente al Ejecutivo. A su criterio ocurrió lo contrario.
“Si vos me preguntabas esto hace una semana, yo te decía que sí, que los gobernadores empezaron a marcar la cancha”, admitió. Sin embargo, los hechos mostraron que varios mandatarios priorizaron sus acuerdos electorales con el oficialismo, aun en detrimento de sus propias finanzas provinciales.
El analista citó ejemplos concretos como el de Chaco, donde el gobernador fue uno de los firmantes del proyecto original pero ordenó a sus legisladores votar en contra después de formalizar la alianza con el Gobierno nacional.
Para Pegoraro, esta situación demuestra que muchos gobernadores actuaron con prudencia, pero también con temor al riesgo de perder asistencia financiera vital en caso de romper con la Casa Rosada.
Sobre esta dependencia, detalló que existen provincias que difícilmente podrían sostener sus cuentas sin adelantos de coparticipación o asistencia extraordinaria.
En algunos casos, como el de Chaco, una ruptura con la Nación podría derivar en graves dificultades para afrontar el pago de salarios.
“El Gobierno aprovecha la situación financiera de algunas provincias para no darles nada de regalo sino comprometerlas en el sentido de otorgar facilidades que, si se rompe la relación, dejan de existir”, advirtió.
En este contexto, Pegoraro insistió en que el Congreso mantendrá por ahora una dinámica de aliados y no aliados, sin consolidar todavía un bloque provincialista con peso propio.
Tal vez el próximo año, sin elecciones en el horizonte, los mandatarios puedan asumir una postura más firme frente al Ejecutivo. Mientras tanto, la dependencia financiera actúa como un freno.
Consultado sobre la posibilidad de gobernar sin presupuesto actualizado y con un Congreso fragmentado, el director de Politikon consideró que, desde la lógica de Milei, ese escenario resulta funcional. “Lo mejor que le puede pasar a él es gobernar sin presupuesto”, aseguró. Explicó que reconducir el del año anterior permite al Ejecutivo redireccionar los excedentes de recaudación a discreción, lo cual facilita el manejo político del gasto.
En la misma línea, opinó que los vetos también son utilizados por el Presidente como parte de su estrategia discursiva. Según dijo, cada rechazo refuerza el mensaje de disciplina fiscal y orden macroeconómico hacia su base de apoyo. “Lo que él más espera es que el Congreso apruebe paquetes de leyes muy costosos y que él los vete en defensa de su superávit fiscal porque lo que hace es empoderar su propio mensaje”, señaló.
No obstante, advirtió que esta estrategia tiene un límite. El día en que un veto no sea ratificado por el Congreso, el Gobierno podría enfrentar serias dificultades, tanto en la administración presupuestaria como en la sostenibilidad política de su discurso. Esa eventualidad, remarcó, dependerá en gran medida de la capacidad de negociación que logre sostener en la Cámara.
Pegoraro consideró que la mayor debilidad del oficialismo radica precisamente en su falta de operadores políticos experimentados. “Para mí la persona que sostiene la gobernabilidad de Milei es Guillermo Francos porque el tipo es el que todos los días opera en el Congreso, con los gobernadores y demás”, sostuvo. En su opinión, mientras el Ejecutivo continúe dependiendo de bancas minoritarias, el éxito o fracaso de la gestión estará atado a su habilidad para tejer acuerdos.
El director de Politikon Chaco concluyó que el escenario actual es todavía favorable para Milei porque su estrategia discursiva sigue teniendo eficacia. Sin embargo, alertó que el desgaste llegará en algún momento si no consigue ampliar su respaldo parlamentario y si las provincias comienzan a mostrar resistencia. Hasta entonces, la combinación de veto presidencial y control del gasto se presenta como una herramienta política que, aunque eficaz en el corto plazo, podría volverse insostenible a medida que avance el mandato.








