Con el objetivo de prevenir, detectar e investigar casos de trata de personas en los pasos fronterizos del país, se pone en marcha “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos”, que será de aplicación obligatoria para fuerzas policiales provinciales, fuerzas de seguridad federales, y agentes migratorios en las fronteras terrestres.
Así lo determina la Resolución Conjunta 3/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La actualización responde a un cambio sustancial en la dinámica del delito. El protocolo anterior, aprobado en 2012, antecedía a la Ley 26.842, que modificó de forma profunda el marco legal sobre trata. En los últimos trece años, las redes criminales han sofisticado sus métodos, operando con carácter intra e internacional y mayor coordinación logística.
“Los controles migratorios en pasos fronterizos constituyen un ámbito especialmente propicio para la detección de posibles víctimas del delito de trata de personas que se encuentren en etapa de captación, traslado o transporte para ser explotadas en nuestro país o fuera de éste, resultando factible también la detección temprana de víctimas que ya han sido sometidas a explotación y que son trasladadas o transportadas para continuar siendo explotadas en otros lugares geográficos”, indica en los considerandos la resolución.
La normativa tiene como objetivo mejorar la prevención y persecución de este delito complejo, garantizando la protección de los derechos de las víctimas. Mientras que la implementación del protocolo será monitoreada por la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, asegurando su actualización y difusión.
En el plano regional, la medida podría fortalecer la cooperación con países limítrofes, especialmente en zonas de alta circulación como Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, donde la presión migratoria y la actividad del crimen organizado requieren respuestas rápidas y coordinadas.
El protocolo incluye un anexo reservado, con procedimientos específicos de actuación operativa, que no será de acceso público para resguardar la efectividad de las tareas de control.
La elaboración fue coordinada por la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad y la DNM, con apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Programa EUROFRONT. También participaron el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, áreas de control de fronteras e hidrovías y de cooperación internacional, junto con las fuerzas federales.
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