El Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen manifestó su “enérgico repudio” ante un reciente operativo judicial que culminó con la detención de cinco vecinos, a quienes definen como “trabajadores y productores”. La medida, ordenada por el juez de Instrucción Nº1 de San Pedro, Ariel Belda Palomar, generó indignación en la comunidad y el pronunciamiento de las autoridades locales.
Según el comunicado oficial del Concejo, la detención fue “injusta” y el accionar del magistrado vulneró “derechos adquiridos”, sorprendiendo a las familias afectadas y a niños, mujeres y productores.
El Concejo Deliberante se declaró en “estado de alerta y acompañamiento” hasta que la situación se resuelva.
Respecto a ello, la presidenta del HCD, Carmen Borges Da Silva, dialogó con PRIMERA EDICIÓN y expresó su total rechazo a los hechos: “Para mí se fueron al extremo con el procedimiento”.
En esa línea, explicó que el allanamiento no se llevó a cabo en la vivienda de personas con antecedentes criminales, “sino en casa de colonos” que, según la información recabada en la comisaría local, estaban siendo investigados por denuncias de amenazas. “Lo que vemos con los actos sucedidos es que se vulneraron los derechos adquiridos a los niños, a mujeres, a gente trabajadora”, sostuvo la presidenta.
El relato de la funcionaria subraya que el propio juez se presentó en el lugar, ordenando a la policía actuar de la manera en que lo hizo. “La verdad no sé quién sacará el trauma de esos niños y de las mujeres”, lamentó la funcionaria.
La disputa por la tierra
Borges Da Silva planteó una posible motivación detrás de la denuncia. Según su versión, la única “amenaza” se produjo dentro del propio terreno de los detenidos, quienes habrían prohibido a ciertos compradores de madera ingresar y cortar árboles protegidos por ley provincial. La denuncia fue interpuesta por la misma persona que quería extraer la madera.
Otro punto de controversia es la ausencia de notificaciones judiciales previas. Borges Da Silva aseguró que, tras consultar en las comisarías de los demás municipios e incluso de Irigoyen, se confirmó que “no hay ninguna citación para esa familia. Nunca se le acercó una notificación”.
Esto, a su juicio, demuestra que al juez “se le fue de las manos… porque cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento no haría lo que cometieron”, apuntó.
La indignación de la presidenta del Concejo no se detuvo ahí. Señaló que el corte del alambrado que rodeaba la propiedad fue realizado supuestamente por el denunciante, que estuvo presente durante el operativo junto al juez y la policía. “¿A qué estamos jugando? ¿Qué hay de por medio en esto? ¿Hay mucha plata?”, se preguntó.
Borges Da Silva calificó la situación como “vergonzosa, indignante y dolorosa”. Además de su rol como funcionaria, habló desde su lugar de “vecina e hija de este pueblo”.
Recordó que el uso de la fuerza, como “el gas pimienta que fue utilizado”, podría justificarse en una protesta masiva, pero no en un allanamiento en una casa con niños.
Apoyo de la comunidad
Como resultado de los hechos, se convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante a pedido de los vecinos.
Se emitió un comunicado de acompañamiento y repudio, dejando constancia tanto en la comisaría como en la institución legislativa. “Acá se vulneró el derecho adquirido, sorprendiendo a la familia, afectando a niños y mujeres”, reiteró.
Borges Da Silva concluyó su declaración manifestando su esperanza de que “pese al mal accionar de algunos funcionarios, como es el caso del juez, también tenemos gente buena dentro de la Justicia y que van a hacer lo que corresponde”.
El caso movilizó a más de 200 vecinos, quienes se reunieron para manifestar su enojo. La comunidad, en tanto, se mantiene en vilo, a la espera de una resolución que defina el destino de los cinco detenidos y que ponga en claro las circunstancias del operativo.
