El sábado trascendió que el presidente Javier Milei firmó los decretos que vetan totalmente las leyes de emergencia en discapacidad y los aumentos (bono y haber mínimo) a jubilados, ambas normativas aprobadas por el Congreso de la Nación. Este lunes, finalmente salió el Decreto 534/2025 ratificando el veto.
El veto se fundamenta en la falta de previsión presupuestaria y en el impacto fiscal negativo que implicarían, estimándose un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para 2025. Y, se señala, que las medidas propuestas no cumplen con los requisitos de sostenibilidad y podrían afectar la estabilidad económica del país, en el marco del equilibrio fiscal que embandera a la administración libertaria.
En ese marco, llegó la respuesta del sector de discapacidad que, con este veto, deja al sector en retroceso y con familias en estado crítico. “Nos volvieron a dejar en suspenso”, expresó Soledad Varela, licenciada en Recursos Humanos y especialista en discapacidad y neurodiversidad, quien expresó su preocupación en la FM 89.3 y advirtió que con el veto “volvemos a foja cero”.
La especialista alertó sobre las consecuencias inmediatas del rechazo del Ejecutivo nacional a la normativa aprobada por el Congreso y denunció el abandono estatal, la falta de políticas inclusivas y pidió a los legisladores que sostengan su compromiso.
Fue contundente y apuntó que “para el presidente, somos un gasto”, al considerar a la ley “regresiva y asistencialista”.
También cuestionó declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien señaló que “si una familia tiene una persona con discapacidad, el problema es de la familia y no del Estado”. Para Varela, esa frase resume el pensamiento oficial: “Son opiniones que retroceden absolutamente en lo que se ha logrado en materia de derechos”.
“Nos preguntamos si para el presidente también somos parte de la casta que él quiere eliminar. Parece que sí”, dijo.
“Nos volvieron a dejar en suspenso”
“Lo que se va a intentar ahora es que el proyecto regrese a Diputados para lograr los dos tercios necesarios”, explicó Varela, aunque aclaró que el daño ya está hecho. “Volvemos a estar en retroceso. Todo lo que veníamos trabajando vuelve a quedar en suspenso hasta que haya una decisión definitiva sobre el presente y el futuro del sector”, lamentó.
Para Varela, el impacto del veto no es solo simbólico: “Hay familias que se quedaron sin tratamientos, sin medicaciones, sin traslados. La situación es cada vez más grave y desesperante”.
Sobre la situación actual del sector, la calificó con crudeza: “Del 1 al 10, estamos en menos uno. Las familias no son eternas, los tratamientos son caros, los aranceles corren por detrás de la inflación y muchas familias están endeudadas por sostenerlos”.
A su vez, Varela afirmó que el problema va más allá del gobierno actual: “La discapacidad debería discutirse en todos los ámbitos, empezando por la familia. Pero hoy el Estado tiene la posibilidad de marcar un antes y un después. Lamentablemente, está mirando para otro lado”.
En ese marco, recalcó la importancia de que los legisladores que votaron a favor de la ley mantengan su postura. “Ojalá vuelvan a acompañar, pero esto dependerá de recalcó la importancia de que los legisladores que votaron a favor de la ley mantengan su posturalos arreglos y acuerdos políticos. Lamentablemente, todo pasa por la predisposición y las prioridades de quienes ocupan hoy una banca”, lamentó.
Desde su experiencia territorial, advirtió: “Esperamos que este no sea otro momento de reclamos históricos postergados, sino un punto de inflexión. Las personas con discapacidad viven una situación frágil y crucial”.
El rol del Estado: ausente y excluyente
Por otra parte, Varela criticó la falta de diálogo actual con los legisladores, aunque aclaró que sí hubo contactos en otras instancias. “Les planteamos que una familia invierte mucho para sostener una situación de discapacidad. No hablamos de una sola terapia, sino de cuatro o cinco. Y el 80% de las personas con discapacidad no consigue trabajo”, explicó.
Además, denunció una contradicción legal que impide avanzar: “Una persona que cobra pensión no contributiva por invalidez laboral no puede trabajar en blanco. Y el monto de la pensión es bajísimo. Nadie puede vivir con eso”.
“¿Qué pasa cuando esas personas ya no tengan a sus padres o familiares cerca? Si no hay inclusión laboral ni trabajo digno, estamos condenando a estas personas a la exclusión”, remarcó.
Acciones legales: amparos, notas y movilización
Respecto a las medidas que impulsarán desde el sector, Varela adelantó que se trabajará en conjunto con las ONG y el Consejo Provincial de Discapacidad: “Vamos a presentar notas, promover acciones legales y amparos, aunque los tiempos judiciales son lentos y hay familias que no pueden esperar más. Hay tratamientos cortados y medicaciones que no llegan. Hay personas que se están muriendo”, afirmó con contundencia.
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