Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 150 víctimas directas e indirectas de femicidios en la Argentina, según el último relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. El informe detalla 140 femicidios de mujeres y niñas, un lesbicidio, un transfemicidio y ocho femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Los datos aportados por el relevamiento advierten una vez más que el hogar continúa siendo el sitio más peligroso para las mujeres en situación de violencia: el 67% de los crímenes fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el agresor. Además, el 60% de los victimarios eran parejas o exparejas, lo que confirma el patrón más frecuente de femicidio en el país.
Como consecuencia de estos crímenes, 134 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre y el 53% de ellos son menores de edad. En muchos casos, los femicidios podrían haberse evitado: 21 víctimas habían realizado denuncias previas y ocho de los femicidas tenían medidas cautelares vigentes, lo que vuelve a poner en cuestión la efectividad del sistema de protección judicial.
También se registraron 14 femicidas pertenecientes o exintegrantes de fuerzas de seguridad, lo que eleva la preocupación por el uso de armas reglamentarias y el rol del Estado en la prevención. Otros datos sensibles: tres víctimas estaban en situación de prostitución o trata, ocho presentaban indicios de abuso sexual, dos pertenecían a pueblos originarios, cuatro eran migrantes y una estaba embarazada.
Las provincias con mayor cantidad de femicidios en términos absolutos son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco, una distribución que coincide con las estadísticas históricas de años anteriores.
Recorte de políticas públicas y alerta feminista
Desde La Casa del Encuentro señalaron que los números deben analizarse en el marco del desmantelamiento de políticas de género por parte del Gobierno nacional. En julio, mediante la Resolución 466/2025, el Ministerio de Justicia eliminó el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género, herramientas fundamentales en la contención y acompañamiento de mujeres y personas LGBTI+.
El ministro Mariano Cúneo Libarona justificó la medida afirmando que ambos programas eran “estructuras ideológicas que solo sostuvieron militancia y cargos políticos”. Sin embargo, las organizaciones sociales recordaron que Acercar Derechos había sido creado para garantizar el acceso al sistema de justicia de mujeres y disidencias en todo el país, y que el Registro permitía relevar y sistematizar información sobre las organizaciones sociales que trabajan en prevención y asistencia.
A esto se suma la política sostenida por el Ministerio de Seguridad, que insiste en que “la violencia no tiene género”, a pesar de los datos oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que revelan que en el primer trimestre de este año las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 9% y que el 73% de las personas que denunciaron son mujeres.
Desde el Observatorio advierten que esta postura desconoce el carácter estructural y de derechos humanos que tiene la violencia de género, y que la desprotección institucional deja a las víctimas cada vez más solas y expuestas.
“Gestionar no es destruir”
La Casa del Encuentro cerró su informe con una consigna contundente: “No queremos seguir sumando víctimas. Gestionar no es destruir. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio”. Para la organización, los femicidios no son hechos aislados, sino el resultado de una serie de decisiones políticas que debilitan los canales de prevención, denuncia, contención y justicia.
En un contexto donde se eliminan recursos clave, se estigmatiza el activismo y se relativiza la violencia de género, las cifras expuestas por el informe son una advertencia urgente. “La violencia de género existe y es una cuestión de derechos humanos. No de inseguridad”, subrayan.
