Después de 34 años en funciones, Jorge Antonio “Kiko” Rojas presentó su renuncia como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, dando lugar a un proceso de reemplazo que avanzó con rapidez. Es que apenas una hora después de conocerse la dimisión, PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar que el gobernador Hugo Passalacqua decidió proponer a la abogada Valeria Fiore para ocupar la vacante, y su pliego será remitido por el mandatario a la Cámara de Representantes para su análisis y tratamiento legislativo.
Rojas, oriundo de Oberá, fue designado en el STJ en marzo de 1991 a propuesta del entonces gobernador peronista Julio César Humada, con apenas 40 años. Desde ese momento se convirtió en una de las figuras más duraderas del sistema judicial misionero. En los años ‘90 formó parte de la denominada “mayoría automática” del Tribunal junto a magistrados como Luis Absi, Marta Poggiesse de Oudín, Humberto Schiavoni (padre) y Julio Dionisi, y en ese marco logró acceder a la presidencia.
A lo largo de su extensa trayectoria, Rojas fue objeto de numerosas críticas y cuestionamientos por parte de distintos sectores, aunque nunca enfrentó un juicio político ni fue apartado del cargo. Su permanencia en el Tribunal, más allá de los cambios políticos y judiciales, convirtió su figura en sinónimo de continuidad y resistencia a los procesos de renovación judicial.
Su dimisión fue presentada formalmente ante el Ejecutivo y se encuentra actualmente en estudio por el área Legal y Técnica. Una vez aceptada por decreto y publicada en el Boletín Oficial, quedará sujeta al otorgamiento de la jubilación por parte del Instituto de Previsión Social, último paso antes de la oficialización del reemplazo.
Nombre propuesto
La candidatura de Fiore llegó sin dilaciones. Se trata de una abogada de 53 años, actual Defensora del Pueblo de Posadas, con una destacada trayectoria en mediación, docencia universitaria y gestión pública.
Su perfil reúne los requisitos constitucionales para integrar el STJ: más de 30 años de edad, ciudadanía argentina con diez años de ejercicio, título habilitante y al menos seis años de experiencia profesional o judicial. No obstante, será la Comisión de Poderes y Acuerdos del Parlamento provincial la encargada de analizar el pliego remitido por el Ejecutivo.
Fiore se formó como abogada en Buenos Aires y desde hace más de dos décadas ejerce en Misiones.
Es madre de dos hijos y combina una sólida formación académica con una amplia experiencia en el ámbito público.
Su camino en la función pública comenzó en 2016, cuando asumió la Dirección de Mediación del municipio capitalino, y en 2019 se convirtió en directora general de Métodos Participativos.
Ha llevado adelante más de 500 mediaciones y fue referente en procesos de formación para nuevos operadores en esa disciplina.
Actualmente ejerce como Defensora del Pueblo de Posadas, electa en 2023, y se desempeña además como delegada decanal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, donde es docente titular desde hace más de 15 años.
“Sería un honor”
“Me siento sumamente honrada por haber sido considerada para integrar el STJ. Ser candidata a ese cargo representa sin dudas una gran responsabilidad y un reconocimiento que valoro profundamente. Sería un honor poder aportar mi trayectoria y mi compromiso al servicio de un espacio que encarna desafíos fundamentales para la vida democrática, el acceso a justicia y la consolidación del estado de derecho”, expresó Fiore en diálogo exclusivo con PRIMERA EDICIÓN.
Su formación se vincula estrechamente con enfoques orientados a la cultura de la paz, la equidad y los derechos humanos. Fue fundadora del Centro de Mediación Comunitaria de Posadas y es reconocida por su labor en el fortalecimiento de los vínculos entre la ciudadanía y las instituciones. Además, ha trabajado como consultora legal para organizaciones sociales, educativas y del sector privado.
De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, el nombramiento de Fiore Cacéres llegó gracias a que en los últimos años promovió investigaciones pioneras sobre problemáticas sensibles como la ludopatía adolescente, articuló proyectos con organismos provinciales y nacionales, y lideró acciones vinculadas al ordenamiento territorial, los derechos de las personas mayores y los desafíos de la era digital.
Desde la Defensoría del Pueblo también llevó adelante propuestas legislativas, como la creación de un boleto gratuito para víctimas de violencia de género, y consolidó redes institucionales con perspectiva de género, participación ciudadana y mirada social.
